Alcaldes independentistas critican la actuación de las policías locales

Los ayuntamientos de Sitges, Vic, Vilassar de Mar, Sant Cugat y Granollers, hacen frente a la Fiscalía
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Desde que las policías locales están impidiendo actos de campaña política y requisando material relacionado con el referéndum del 1 de octubre, por orden de la Fiscalía General del Estado, han aparecido los primeros alcaldes y alcaldesas que han empezado a movilizarse para poner freno a las actuaciones de los agentes.

En Sitges (Barcelona), un agente de la Policía Local cogió el teléfono móvil a un periodista de NacióDigital mientras realizaba la cobertura de un acto a favor de la consulta del 1-O. Este incidente ha llevado al Ayuntamiento a emitir un comunicado para anunciar la apertura de un expediente informativo que «quiere esclarecer» la actuación policial efectuada durante el acto. El objetivo del alcalde Miquel Forns (PDeCAT) es el de aclarar «si se han vulnerado derechos civiles». La Policía Local, por su parte, también se ha mostrado interesada «en que haya la máxima transparencia en el esclarecimiento de los hechos».

Los alcaldes de Vic y Vilassar de Mar (ERC) (Barcelona) también han criticado que la policía municipal actúe como policía judicial a las órdenes de la Fiscalía, para requisar material para el referéndum. La alcaldesa de Vic, Anna Erra (PDeCAT), considera que las órdenes de la Fiscalía son un «atentado a los principios y valores de toda democracia» y sus «motivaciones» no son jurídicas sino políticas. Además, sostiene que «la Guardia Urbana de Vic no tiene la condición de policía judicial específica que usted le atribuye en su instrucción», hecho que «impide que los agentes puedan emprender las actuaciones que les han sido requeridas».

La presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Mercè Conesa (PDeCAT), tampoco está de acuerdo con la actuación de las policías locales. Ha decidido hacer frente a la Fiscalía y remitir un escrito para «dejar sin efecto» la instrucción donde se les ordenaba hacer funciones de policía judicial que, según la alcaldesa, «no les corresponde».

En Granollers (PSC) (Barcelona), miembros de la CUP han denunciado que la policía local ha identificado y «acosado otro grupo» de militantes después de colgar carteles del referéndum.

Miembros del Bou de Reus (PDeCAT) (Tarragona) también han denunciado que la policía local les ha identificado durante el correvermuts porque el buey llevaba colgados en el lomo un cartel del ‘Sí’ y uno de ‘Llamada Democracia’. Las personas que han sido identificadas aseguran que los agentes han pedido que se retiraran «bajo la amenaza de llamar a las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO)» de los Mossos d’Esquadra.

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