La investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la empresa mixta del agua de Girona durante la etapa en la alcaldía de Carles Puigdemont (julio de 2011-enero de 2016) avanza a toda velocidad. El Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad, que ya abrió una causa en julio de 2016 sobre el presunto desvío de fondos públicos en la concesión, acaba de incorporar a este procedimiento los nuevos indicios de delito en este servicio encontrados en el caso del 3% sobre la presunta financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
El caso amenaza de salpicar el presidente de la Generalitat. La instrucción arrancó después de una querella de la CUP contra cuatro directivos de la concesionaria que gestiona el abasto de agua en Girona, Agissa SA, para perjudicar presuntamente al 20% de la sociedad en manos municipales para beneficiar a la parte privada, Girona SA, propietaria el 80% restante de las acciones.
El juez imputó por administración desleal y apropiación indebida al consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016, Narcís Piferrer, y a su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, que era director técnico del ente cuando se produjeron los supuestos desvíos. Se les acusa de haber autorizado contrataciones irregulares de Agissa con empresas filiales de Girona SA a precios muy superiores de los reales o por servicios que ni siquiera llegaban a prestarse.
El caso tiene otra derivada que también va más allá de la querella inicial de la CUP. Según apunta El Confidencial, los investigadores sospechan que los sobrecostos generados por todas estas presuntas irregularidades pudieron servir para financiar campañas electorales de la antigua CiU y Junts Pel Sí. Se han descubierto pagos desde Girona SA a una agencia de comunicación que trabajaba para el partido, AMR Publicidad SL, por valor de 138.090 euros entre 2010 y 2015. El administrador de esta agencia de publicidad es Antoni Maria Rigau, hermano de la ex consejera de la Generalitat y expresidenta del Consejo Nacional de CDC Irene Rigau.
