El Gobierno de la Generalitat tendrá que recurrir a un plan alternativo para adquirir las urnas del referéndum que anunció que organizaría el próximo 1 de octubre: la licitación ha quedado desierta porque ninguna candidata ha culminado el proceso de homologación.
Fuentes de la Generalitat citadas por el 324 han apuntado que los empresarios de las potenciales empresas proveedoras habrían recibido presiones que han podido ser clave en la baja concurrencia y el fracaso del proceso de homologación. En la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo no se ha hecho, sin embargo, ninguna referencia tan explícita.
La consejera de la presidencia y portavoz, Neus Munté, ha explicado que las candidatas no han alcanzado los requisitos económicos, un tema técnico, y no ha dado demasiadas explicaciones sobre el plan B que pondrá en marcha el Gobierno de Carles Puigdemont para cumplir con su compromiso de organizar un referéndum vinculante. «La voluntad de adquirir urnas se mantiene intacta», ha expresado, pero sólo ha añadido que «analizaremos la legislación vigente y las vías legales para completar este objetivo».
El recurso de Borràs
Por otro lado, el recurso de súplica presentado por los abogados de la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, para intentar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechace la querella de la Fiscalía argumenta que no se la puede investigar por una compra de urnas que ni siquiera se ha producido. Que se trata, en síntesis, de un movimiento preventivo.
Asimismo, la defensa de Borràs esgrime un informe justificativo que basa el acuerdo marco de esta adquisición para indicar que las urnas se pueden emplear en «situaciones muy diversas», entre las que cita elecciones sindicales en el seno de la administración catalana, en consejos escolares y asociaciones de padres y madres, en el Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) y en universidades.
