La política catalana vive instalada sobre una gran mentira: el referéndum independentista anunciado para el próximo 1 de octubre. Ya se sabe que el gobierno español y el 71,5% de los diputados del Congreso (la suma de los representantes del PP, PSOE, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias) se oponen. Esto hace que su celebración sea, objetivamente, imposible.
En primer lugar, porque el Estado dispone de todos los mecanismos necesarios (políticos, judiciales, policiales, militares…) para impedirloy está decidido a hacerlo.
En segundo lugar, porque la Unión Europea y los principales líderes mundiales, empezando por el secretario general de las Naciones Unidas, rechazan explícitamente las pretensiones secesionistas del actual gobierno de Cataluña y no moverán ni un dedo para parar las legítimas medidas que adopte el gobierno español para evitar la desintegración del Estado.
En tercer lugar, porque la sociedad catalana está fuertemente dividida y la independencia no arrastra la «masa crítica» suficiente para decantar la balanza. Con el 47,8% en las elecciones del 27-S, el soberanismo no puede imponer nada.
En cuarto lugar, porque el anunciado referéndum secesionista no figuraba en el programa electoral de Junts x Sí, la coalición ganadora de las elecciones del 27-S y, en consecuencia, su incorporación posterior a la hoja de ruta del gobierno, a instancias de la CUP, es un fraude a los votantes.
En quinto lugar, porque el anunciado referéndum está precedido y rodeado de un clima gravemente antidemocrático. Los medios de comunicación públicos no practican en absoluto la neutralidad requerida y se han transformado en instrumentos del poder a favor de la independencia. Las escandalosas subvenciones y partidas publicitarias que el gobierno de la Generalitat destina a los medios de comunicación privados no tienen parangón en la Unión Europea y desvirtúan, de raíz, el debate, la reflexión y el pluralismo que requiere una cuestión de esta trascendencia. Tampoco ayudan a dar credibilidad y solvencia al 1-O la modificación exprés del reglamento del Parlamento ni el inaceptable y absurdo secretismo del contenido de la ley de transitoriedad jurídica.
Llegados a este punto, es pertinente contraponer la exigencia de unas nuevas elecciones al Parlamento de Cataluña al «mantra» del «referéndum o referéndum» que propugna y repite el presidente Carles Puigdemont. Unas elecciones parlamentarias, que garantizan la representación de todo el caleidoscopio político de la sociedad, son mucho más democráticas que no un referéndum en blanco o negro.
Cataluña no necesita un referéndum adulterado e indigerible que no lleva a ninguna parte. ¡Cataluña necesita unas elecciones libres y con todas las garantías! ¡Queremos urnas y queremos votar!
