El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, planta cara al gobierno central y convoca unilateralmente la Junta de Seguridad de Cataluña para el próximo 3 de julio, tanto si piensa ir el ministro del Interior como si no. De hecho, el ministro Juan Ignacio Zoido ya ha anunciado que no piensa asistir a la reunión. Zoido había declarado que no se convoca la Junta de Seguridad de Cataluña por la actual situación política, en la que la Generalitat quiere celebrar un referéndum el 1 de octubre, cosa que a parecer del ministro impide crear «un clima de entente y de confianza».
Puigdemont ha hecho el anuncio de la convocatoria de la junta, este martes, en una reunión con empresarios catalanes a quienes dijo que hacía suya la «responsabilidad de convocar esta reunión ante la negativa unilateral del Estado«. De hecho, el presidente de la Generalitat tiene la potestad de convocar la junta, a pesar de que desde hace ocho años ningún presidente catalán la había convocado. Este ente reúne los máximos responsables del Ministerio del Interior y del departamento catalán de Interior, para fijar la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales.
Generalitat y estado han abierto una guerra de gestos en el centro de la cual se encuenran los Mossos d’Esquadra y las competencias de éstos en temas de seguridad ciudadana. El ejecutivo catalán ha denunciado reiteradamente la negativa del Gobierno central de dar luz verde a la convocatoria de 500 plazas de Mossos d’Esquadra, rebajando este número a 50 efectivos.
También los últimos días se ha hecho público el acuerdo entre el gobierno del Estado y el gobierno vasco en la Junta de Seguridad de Euskadi, celebrada recientemente, para que la Ertzaintza pueda participar en el sistema de información de la Europol, un extremo que no se le permite a la policía catalana.
El gobierno catalán considera que en una situación de alerta máxima por terrorismo yihadista -nivel cuatro sobre cinco- como el que se vive ahora, hay motivos más que suficientes para convocar la Junta de Seguridad de Cataluña. El consejero catalán de Interior, Jordi Jané, se ha reunido este martes con los grupos del Parlamento de Cataluña para tratar este tema, y ha recibido el apoyo de la oposición parlamentaria. El portavoz del grupo de Ciudadanos en la cámara catalana, Fernando de Páramo, ha exigido que se convoque la junta con carácter «de urgencia» y ha calificado de «irresponsabilidad» la posición del gobierno central.
Ciudadanos, el PDeCAT, ERC, En Comú-Podemos y el PSC han registrado diferentes propuestas en el Congreso de los Diputados en las que piden la convocatoria de la Junta de Seguridad de Cataluña. Si finalmente a la reunión de la junta no asiste el ministro del Interior, ni los responsables de las fuerzas de seguridad estatales que hay en Cataluña, Policía Nacional o Guardia Civil, la reunión quedará deslucida y, de hecho, será poco efectiva.
El ejecutivo catalán busca con la reunión poner sobre la mesa la deuda de 264 millones de euros pendientes de abonar por el incremento de la plantilla de los Mossos d’Esquadra por su despliegue entre los años 2010 y 2013. La Generalitat también quiere poner sobre la mesa las viejas reivindicaciones de la policía catalana para que pueda participar del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y ser miembros permanentes de la Mesa de Evaluación de la alerta antiterrorista.
Se da la paradoja que el pasado 20 de octubre el Partido Popular de Cataluña presentó una moción en el Parlamento de Catalunya con la que reclamaba la convocatoria de la Junta de Seguridad de Cataluña así como la incorporación de 500 mozos más.
