Peleas, piojos, colchones en el suelo, fugas, instalaciones deficientes… En blanco y negro podría haber sido una noticia de El Caso, pero pasa, desgraciadamente a todo color, en muchos de los centros que acogen menores en Cataluña y que dependen de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
Los centros residenciales de acogida se dividen en dos categorías: los CRAE, centros de atención educativa, que atienden niños entre 3 y 18 años, y los CREI, centros de educación para jóvenes entre 12 y 18 años con una atención más intensiva. La DGAIA tiene 97 CRAE con 1.841 plazas y 19 CREI con 527. El número de niños acogidos, hasta enero de este año, es de 2.800. La suma es clara, demasiados niños para pocos centros.
La Generalitat, pero, ha medido por debajo y se escuda en afirmar que sus políticas de atención a la infancia son de las mejores de España, ya que hay otras comunidades que están mucho peor. Lo cierto es que sindicatos, funcionarios y el Síndico de Agravios consideran que los centros están masificados y que los niños no reciben la atención necesaria. Además estos centros se han convertido en la puerta giratoria perfecta para pagar favores prestados.
DEMASIADOS NIÑOS, POCOS CENTROS
David Rodríguez, del sector social de la CGT, mantiene una postura muy firme respecto a los centros de acogida: «La DGAIA se equivoca, y mucho. La masificación provoca situaciones insostenibles para los niños y para los profesionales que trabajan: hay tensión entre los niños porque los recursos y los espacios son menores, y también porque se mezclan chavales con diferentes conflictos, por ejemplo niños que han sufrido abusos o con una enfermedad mental con niños muy pequeños. Un niño acogido necesita una estabilidad de la gente que lo cuida, por eso no pueden cambiar los profesionales cada seis meses. Los chavales se sienten abandonados y pierden la confianza en el centro». Para Rodríguez esto es maltrato institucional.
El gobierno paga, por cada niño tutelado, unos 4.000 euros al mes para cubrir todos sus gastos, una cantidad que no solo no ha subido en tres años, sino que ha ido a la baja. En Cataluña se destina el 1% del PIB en políticas de protección social dirigidas a la infancia. Este gasto es inferior al del resto del Estado, alrededor del 1,4%, y muy por debajo del conjunto de Europa, que es del 2,2%.
UN PLAN DE EFICIENCIA POCO EFICAZ
La DGAIA, desde el 2012, aplica un plan de eficiencia en los centros, cosa que quiere decir hacer lo mismo pero por menos dinero, un hecho que contradice las recomendaciones del síndico, que desde el 2009 está clamando contra la masificación y el deficiente modelo de estos centros. «Se privatiza un servicio que tendría que estar gestionado a través de un concurso público«, afirma David Rodríguez, de la CGT. «Desde la Generalitat dicen que no han recortado, pero lo cierto es que sí, se ha recortado, por ejemplo en calidad de la comida o en atención dental. No podemos tener niños que estén en situación de pobreza dentro de las mismas instituciones».
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