Desde que el juez de El Vendrell Josep Bosch descubrió que la empresa Teyco (actualmente, denominada Top Proyectos y Contratas) tenía un papel nuclear en la trama de corrupción del 3%, numerosos medios de comunicación empezaron a hacerse eco de los negocios de la poderosa familia Sumarroca y de sus privilegiadas conexiones con la Generalitat convergente, de los que EL TRIANGLE ha informado extensamente desde hace años. La reacción de la familia Sumarroca ante este alud de noticias ha sido interponer una batería de denuncias judiciales contra algunos medios de comunicación que hablaban de ellos.
El último en ser empapelado judicialmente ha sido el diario Crític por un artículo publicado en 2015 por el periodista Marc Font. En este artículo, basado en documentación oficial de la Generalitat, se señalaba que el gobierno catalán había hecho adjudicaciones por unos 30 millones de euros a la empresa Teyco, a pesar de sus vínculos con la trama del 3%. En este caso, los Sumarroca piden contra esta publicación electrónica una indemnización de 405.000 euros por supuestos daños contra su honor y el juicio ha sido fijado para el próximo día 25.
El recorrido de esta denuncia es más que dudoso, como ha quedado de manifiesto con el reciente archivo de la causa contra el diario Crónica Global por unos hechos similares. En esa ocasión, los Sumarroca pedían una indemnización por daños al honor de 810.000 euros al diario dirigido por el periodista Xavier Salvador. El problema para los Sumarroca no es sólo que tienen que hacer frente a los gastos de abogados que comportan estas denuncias, sino a las costas judiciales que se derivan al perderlas y que, dada la cuantía de los pleitos, suelen ser muy elevadas.
Para hacer frente a esta demanda, Crític ha hecho un llamamiento a sus lectores para que les ayuden a pagar los gastos judiciales. El despacho de abogados Col·lectiu Ronda ha asumido su defensa de este medio, que ha recibido numerosas muestras de solidaridad a través de las redes sociales al hacerse público que los Sumarroca les habían denunciado.
Detrás de esta disparatada cruzada judicial contra los medios de comunicación que ha emprendido la familia Sumarroca parece que hay, por encima de las razones jurídicas concretas que invoca, la voluntad de atemorizar a los periodistas para que se abstengan en un futuro de seguir informando sobre las actividades empresariales de este clan, uno de los más importantes del «sector negocios» de la antigua Convergència. Esta misma estrategia disuasoria contra la libertad de información también la emplean abusivamente Jaume Roures y el grupo Mediapro, curiosamente muy bien relacionados con Crític.
