Si se habla poco del juicio del caso Palau, todavía se habla menos del hotel del Palau, un ejemplo claro de cómo la podredumbre se extiende por todos los rincones y se instala cómodamente en los despachos oficiales. El caso del hotel del Palau es sospechosamente similar a otros casos donde funcionarios ejemplares y políticos servidores del interés público dan luz verde a proyectos urbanísticos de dudosa legalidad y nula moralidad que sólo benefician a intereses privados. El primer paso consiste en llamar a las puertas adecuadas utilizando contactos e influencias. El segundo pasa por modificar el Plan General Metropolitano (PGM) con el objetivo de recalificar los terrenos para construir un hotel de lujo de cinco pisos, 96 plazas de aparcamiento y 76 habitaciones con vistas al Palau de la Música.
La historia que hay detrás del hotel del Palau es corta pero intensa. Fèlix Millet y Jordi Montull compraron a la escuela La Salle tres fincas de la calle Sant Pere Més Alt. Con la presunta connivencia del Ayuntamiento y de la Generalitat consiguieron que las fincas cambiasen su calificación de equipamiento escolar a equipamiento residencial, y que se compensase el cambio con una finca de la calle Ciutat propiedad del gobierno catalán y valorada a la baja. Una vez superado el primer trámite, el siguiente paso era derribar los edificios catalogados como patrimonio histórico y ceder la propiedad a Olivia Hotels para que hiciera el hotel de marras. Por cierto, el amo de la cadena hotelera, Manuel Valderrama, era vocal de la Fundación del Palau de la Música que presidian los dos protagonistas del expolio que ahora se juzga.
La asociación de vecinos del Casco Antiguo y la entidad Vecinos en Defensa de la Barcelona Vieja denunciaron a Millet, a Montull y a la cúpula de urbanismo que dirigía el entonces concejal socialista Ramón García-Bragado, hoy reconvertido en asesor de proyectos que exportan por todo el mundo la destructiva Marca Barcelona. El juez absolvió a los cargos del Ayuntamiento a pesar de reprobar su actuación y condenó a los dos ladrones confesos del Palau por tráfico de influencias. Después, el Tribunal Supremo anuló la sentencia y condenó a las entidades vecinales a pagar las costas del juicio, que suben a 15.000 euros. Desde que en el 2010 el pleno municipal aprobó por primera vez dejar sin efecto la modificación del PGM, el expediente sigue paralizado en algún despacho cosa que favorece a la cadena hotelera.
La situación es tan surrealista que, de seguir así las cosas, se puede dar el caso que el consistorio barcelonés tenga que acabar indemnizando a Olivia Hotels por haber frenado un polémico proyecto urbanístico con todos los permisos en regla. Llegados a este punto, una que es mal pensada no puede dejar de preguntarse quién debe ser el funcionario que ha extraviado intencionadamente el expediente y qué sacará a cambio de su mala memoria. Las entidades vecinales afectadas, que afrontan una deuda injusta que no pueden pagar, hablan de mano negra y reclaman que el gobierno Colau acabe con la opacidad que acompaña a todos los procedimientos administrativos. La ex-concejal de Ciutat Vella Itziar González, víctima de extorsiones y amenazas y conocedora de la desesperante sinuosidad de la maquinaria institucional, ha exigido transparencia y ha apremiado a la alcaldesa a resolver el caso en esta legislatura. Veremos.
Después de escuchar este relato que pone los pelos de punta e indigna a partes iguales, una no puede evitar imaginar al funcionario de turno como un personaje siniestro que, igual que el mal médico que te corta la pierna equivocada, se pasa por el forro el juramento hipocrático y la obligación de proteger la cosa pública de los colmillos de los lobos.
