Cataluña enviará 10.000 toneladas anuales de residuos al Principado de Andorra para quemarlos en el horno incinerador del Centro de Tratamiento de Residuos (CTRASA) de la Comella. Así lo han acordado el director de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), Josep Maria Tost, y el director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Andorra, Marc Rossell. Según Josep Maria Tost, el traslado de la basura es «la alternativa más adecuada, viable y justificada, atendiendo al buen funcionamiento y la posibilidad que ofrece la instalación de Andorra». Para la ministra andorrana de Medio ambiente, Agricultura y Sostenibilidad, Sílvia Calvó, este acuerdo supone una mejora en la gestión de los residuos, cumpliendo con el principio de proximidad y propiciando un aumento de la producción de energía del país, que servirá para reforzar la cooperación transfronteriza.
La planta incineradora andorrana tiene una capacidad para quemar 40.000 toneladas anuales, pero al no lograr este volumen está generando pérdidas económicas. El objetivo de este acuerdo es incrementar el volumen de desechos quemados para optimizar la inversión hecha. Con la importación de los residuos municipales de Cataluña, que procederán del vertedero de Bellver de la Cerdanya, Andorra quiere «incrementar la producción eléctrica en el ámbito nacional», que es muy deficitaria.
A pesar de que esta iniciativa se ha vendido como una operación positiva, varios colectivos ecologistas de ambos lados de la frontera, junto con la CUP, han mostrado su rechazo. Los ‘cupaires’ han difundido un comunicado donde explican que «la incineración no es una alternativa sostenible para la gestión de residuos» y han denunciado que detrás de este acuerdo hay «intereses políticos y económicos«. En este comunicado, los anticapitalistas alertan de los «efectos nocivos sobre el cambio climático y el contrasentido en cuanto a las políticas de reciclaje y reducción al origen que se tendrían que impulsar«. Según la CUP, el acuerdo firmado con Andorra «va en contra de la directiva europea de residuos y del Precat-20» y ve muy difícil que el Gobierno pueda cumplir las exigencias de Bruselas, que debe lograr, como mínimo, el 50% de reciclaje en los residuos domiciliarios antes del 2020.
Desde Andorra, la decisión de importar camiones de desechos de Cataluña también ha provocado un fuerte malestar, expresado a través de las redes sociales. En un país que vive fundamentalmente del turismo es un contrasentido que se potencie la incineración de residuos, un método de gestión de los desechos que está considerado obsoleto a nivel europeo.
