Evasores extranjeros que no tienen legalmente regularizados sus depósitos y bienes en el extranjero en sus jurisdicciones fiscales de origen están haciendo todo lo posible para mirar de eliminar cualquier rastro de su presencia en Andorra antes de finales de diciembre, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de intercambio automático de información en materia fiscal, que ha sido aprobada por el Consejo General (Parlament). Los titulares de depósitos y de bienes inmobiliarios quieren evitar -cuando se ponga en marcha de forma efectiva la comunicación de los datos- aparecer en ninguna parte e intentan que no les puedan multar en sus países y, en paralelo, que no les realicen inspecciones a todo su patrimonio.
A grandes rasgos la nueva normativa, fija que los titulares que tengan cuentas que superen el millón de euros a principios del año próximo entrarán en el intercambio automático un año después. Si no se llega a la mencionada cantidad, la fecha se establece el 1 de enero del 2019. La proximidad del fin del secreto bancario beneficiará especialmente a las instituciones benéficas o entidades que reciben algún tipo de donaciones, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales.
Estas donaciones se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para algunos inversores que no tienen sus depósitos regularizados. Muchos de estos evasores ya han tirado la toalla y, a pesar de los fracasados intentos ante notario de deshacerse de su patrimonio, buscan a la desesperada otras alternativas que comporten no dejar ningúna huella en el país de los Pirineos.
HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA
Cómo dice el dicho, siempre hay a quién le gusta pescar en aguas turbias. Así, las prisas para sacarse de encima los inmuebles que se adquirieron en periodos de bonanza económica permiten ahora mismo que una parte de los agentes inmobiliarios estén, desde hace unos cuántos meses, haciendo un buen negocio comprando pisos de extranjeros a precios muy inferiores a los del mercado. Por otro lado, algunos profesionales del mundo de los seguros están ofreciendo productos que prometen no dejar rastro mediante la aportación de títulos, dinero o inmuebles.
También se ha detectado la existencia de contratos privados entre particulares según los cuales una persona residente o andorrana acepta transferencias bancarias de dinero no regularizado a cambio de comisiones económicas que pueden llegar a ser de hasta un 25%. Finalmente, también hay el ofrecimiento de alguna entidad bancaria para trasladar los bienes económicos a otros países como pueden ser los Estados Unidos o Luxemburgo.
BONOS ESTATALES Y RIESGO DE BLANQUEO
Además, la nueva legislación andorrana permite la posibilidad de comprar deuda pública del Principado, puesto que se establece que restarán además del intercambio automático las cuentas que no superen los 45.000 euros si se invierten en forma de bonos estatales, con el consiguiente riesgo de mantener la penalización por blanqueo de capitales. Según los expertos, se crea un procedimiento que genera muchas dudas sobre su pulcritud, al tratarse ahora de dinero público.
Incluso la nueva ley podría facilitar que los titulares de fondos que tienen un origen desconocido tengan la posibilidad de limpiarlos depositándolos en varias entidades bancarias y, así, poder ganar algo más de tiempo en los plazos legales que se establecen. Para la Asociación de Bancos Andorranos (ABA), no hay ningún tipo de previsión ni estudio sobre el impacto que tendrán las nuevas medidas, sobre todo en cuanto al escape de grandes capitales y fortunas.
Por otro lado, los técnicos del BPA preparan una nueva migración de clientes a Vall Banc en los próximos días. Fuentes consultadas señalaron que el traspaso se podría hacer efectivo el fin de semana del 17 y 18 de diciembre para que los usuarios afectados puedan operar con total normalidad a partir del lunes 19. La cuenta atrás ya ha empezado porque toda la operativa tendría que estar terminada antes de que se acabe el año
