¿Qué «marrón» se tiene que tragar Albano Dante?

albano 324
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La empresa Serhs Food Area, filial del grupo Serhs, ha sido la adjudicataria de los servicios de bar, restaurante y vending del Parlamento de Cataluña durante los próximos tres años. El grupo Serhs fue fundado y está presidido por Ramon Bagó, ex-alcalde de Calella de CiU y ex-director general de Turismo de la Generalitat. Precisamente, hace tres años, Ramon Bagó tuvo que comparecer en el Parlamento para declarar sobre los marros en el sector sanitario, puesto que su empresa de cátering recibió muchos contratos del Consorcio de Salud y Atención Social de Cataluña (CSASC) durante la etapa en la cual él era el vicepresidente.

Este caso clamoroso de colusión de intereses fue censurado por la Sindicatura de Cuentas, investigado por la Oficina Antifraude –que encontró indicios de delito- y, finalmente, archivado por la Fiscalía en 2014. Aún así, el fiscal Emilio Sánchez-Ulled resaltó en su informe la gravedad de las irregularidades detectadas, la incompatibilidad manifiesta de cargos y las «aparentes reminiscencias caciquiles» del entramado político-empresarial montado por Ramon Bagó.

En su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento, Ramon Bagó se mostró muy prepotente con los diputados y afirmó que los contratos de Serhs con el CSASC era una ínfima parte de la facturación total de su grupo empresarial. Se da la paradoja que el actual diputado de Catalunya sí que es pot, Albano Dante Fachín, en su anterior etapa como co-editor de la revista Cafè amb llet, destapó numerosos marros de presunta corrupción protagonizados por Ramon Bagó y ahora cada vez que vaya al bar o almuerce en el Parlamento contribuirá a llenar los bolsillos del grupo Serhs.

Según la adjudicación hecha por el Parlamento, la explotación del negocio de restauración y vending corre a cuenta y riesgo de Serhs. En cambio, los botellines de agua que hay en las mesas de los despachos y los servicios especiales que puedan pedir Sus Señorías se facturarán con cargo al Parlamento, por un importe máximo anual de 40.000 euros más IVA.

Ramon Bagó puede darse un buen hartón de reír: después de ser citado a comparecer en una comisión de investigación por los marros de la sanidad ha sido escogido proveedor del Parlamento que lo investigó. ¿No había nadie más?

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