Era una promesa de Ada Colau y, desde que se creó hace casi un año, la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas no ha perdido el tiempo a pesar de los limitados recursos y el retraso en la entrada en funcionamiento de su consejo asesor. La fiscalización -dirigida por el gerente Joan Llinares- a la cual se está sometiendo la gestión de los anteriores gobiernos municipales, empezando por el de Xavier Trias, es un hecho sin precedentes en la historia de Barcelona, y la operación ‘aixecar catifes’ ha acabado con tres casos investigados por la Fiscalía y la Oficina Antifraude de Cataluña.
Dos de los casos hacen referencia a presuntas irregularidades en la gestión de Barcelona Regional y el Instituto Municipal de la Informática (IMI) entre los años 2011 y 2015, y un tercero está relacionado con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), encargada de la limpieza de parte de la ciudad y sospechosa de haber falsificado facturas entre los años 2013 y 2015.
EL REINADO DE VIVAS A BR
La prueba que confirmaba las sospechas del equipo de Colau la dio la auditoría hecha a Barcelona Regional (BR), centrada en los tres años y pico en que el ex-teniente de alcalde de Hábitat Urbano Antoni Vives fue el máximo responsable. El resultado del informe, llevado a la Fiscalía a principios del junio pasado después de ocho meses de trabajos y que se añadió al expediente informativo sobre BR que el consistorio había presentado al fiscal el otoño del 2015, reveló que esta agencia metropolitana dedicada al proyecto de infraestructuras había derrochado presuntamente recursos públicos durante el gobierno de CiU.
En concreto, la fiscalización cuestionaba la inversión de dos millones de euros en proyectos ruinosos y certificaba que las decisiones se habían tomado saltándose los órganos de control. El informe también revelaba la utilización de fondos públicos para pagar gastos de representación, viajes de lujo al extranjero y encargos de estudios a personas de la órbita convergente, según avanzó el diario El Periódico.
Durante el reinado de Vivas y de Willy Müller, el director general de Barcelona Regional, se encargaron contratos a Pere Pujol Ferrusola y a la empresa Èxit de Disseny, fundada por el sobrino de Marta Ferrusola, Marc Escudé Ferrusola. Otro convergente con nómina a cargo de Barcelona Regional fue la ex-regidor y cantante del Grupo Los Sírex, Antoni Miguel Cerveró. Leslie fue contratado por la empresa como técnico hasta el mes de junio del 2015 y cobró 50.000 euros anuales, a pesar de que no puso los pies en su despacho ni estaba capacitado profesionalmente.
VIVES OTRA VEZ
La sombra de Antoni Vives, apadrinado por Artur Mas para sustituir Trias pero obligado apresuradamente a renunciar a su acta de regidor en septiembre del 2015 coincidiendo con el descubrimiento del marron de BR, vuelve a aparecer posteriormente en la investigación de la gestión del Instituto Municipal de Informática (IMI) iniciada el enero pasado por la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas y, desde finales del octubre pasado, en manos también de la Oficina Antifraude dirigida por Miguel Ángel Gimeno. En este caso, la lupa de Llinares se coloca sobre los años 2014 y 2015, en que aparecen presuntas irregularidades «graves» en gastos financieros por valor de 1,4 millones de euros que no se regían por ningún procedimiento contractual porque respondían a acuerdos verbales.
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