El caso BPA suma una nueva querella: la que ha presentado el ex consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, que desde hace más de un año y medio está en prisión provisional, y otros dos ex directivos contra el Estado andorrano.
Según publica el Diari d’Andorra, reclama 17,8 millones de euros, un importe equivalente al valor de las acciones que poseía (el 3,6%) cuando este banco fue intervenido después de que el Tesoro de los EE.UU. acusara a la BPA de colaborar con el blanqueo de capitales de organizaciones criminales. Miquel sostiene que estas participaciones no valen nada por culpa del Gobierno andorrano, del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) y de la Agencia de Reestructuración de Entidades Bancarias (AREB).
La misma información añade que Miquel también quiere ser resarcido por daños morales sufridos por el caso BPA y que pide una indemnización por despido improcedente.
Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas propietarios de la BPA, también demandaron a la AREB y al INAF argumentando que no se había valorado la solvencia de la BPA durante el proceso de resolución impulsado por el Gobierno. Sostienen que la expropiación no estaba justificada. Miquel, por su parte, también se había querellado desde la cárcel contra los altos cargos policiales españoles Marcelino Martín Blas y Celestino Barroso, a los que atribuye presiones para obtener datos bancarios de la familia Pujol Ferrusola en el marco de la llamada operación Cataluña.
Por otro lado, el Gobierno andorrano se querelló contra Joan Pau Miquel y otros altos cargos de la BPA para considerar que causaron perjuicios a este banco, a la plaza financiera andorrana y al Estado andorrano.
