El ministro de Administración Pública, Transportes y Telecomunicaciones de Andorra, Jordi Alcobé, no dijo toda la verdad a los periodistas en su comparecencia en rueda de prensa el pasado día 13 para dar explicaciones sobre sus relaciones con la Banca Privada de Andorra (BPA) y la aseguradora Allianz en el escándalo de lobbying protagonizado por la ex-consejera general Meritxell Mateu. Afirmó que, como economista, se limitó a hacer estudios y trabajos de redacción de la memoria anual del banco de los hermanos Cierco entre los años 2006 y 2012.
Las declaraciones de Jordi Alcobé a los medios de comunicación causaron sorpresa porque reconocía, de manera explícita, que simultaneó durante un año y medio su cargo ministerial en el gobierno de Toni Martí con tareas profesionales remuneradas en la BPA. Esta situación está prohibida expresamente en el artículo 4.5 de la Ley de Gobierno del año 2000, que establece que los ministros no pueden «ejercer actividades remuneradas, sean mercantiles, industriales o profesionales».
Después de su aparición en los mails del Andorraleaks publicados por EL TRIANGLE, Jordi Alcobé presentó su dimisión al jefe de gobierno, pero Toni Martí no se la ha aceptado. Esta decisión deja a Toni Martí en una posición política insostenible, puesto que supone un incumplimiento flagrante del artículo 4.5 de la Ley de Gobierno por parte, precisamente, de quien la tiene que acatar y de hacer cumplir. En cualquier país democrático europeo, esta grave negligencia del jefe de Gobierno supondría el inicio de un proceso legislativo para su destitución y/o inhabilitación.
Pero es que, además, la relación Jordi Alcobé-BPA no se limitó a tareas vinculadas con el departamento de estudios. Según publica la revista EL TRIANGLE, en la edición que saldrá a la venta el próximo miércoles, el ministro de Administración Pública, Transportes y Telecomunicaciones cobró, poco antes de entrar en el gobierno, una comisión de 360.000 euros por su intermediación en la operación de sale & leaseback (venta con compromiso de alquiler) de la sede central de la BPA en la Avenida Carlemany de Les Escaldes.
Natural de la parroquia de Canillo, Jordi Alcobé convenció a un vecino de esta localidad, Miquel Mandicó de cal Xicos, para que invirtiera 15 millones de euros en la compra del edificio corporativo de la BPA. La operación se materializó a finales del año 2010 y el ministro cobró 360.000 euros por su tarea de intermediario. En su comparecencia del día 13 ante los medios de comunicación, Jordi Alcobé –que quiso hacer un ejercicio de «transparencia»- se olvidó de explicar su activa participación y los abultados honorarios que cobró como comisionista en esta operación de sale & leaseback.
