La Mesa del Parlamento de Cataluña ha pedido que los condenados por el asedio que sufrió la cámara catalana en junio de 2011, no ingresen en prisión. El órgano parlamentario considera que la sentencia del Tribunal Supremo, que condenaba a ocho manifestantes que asaltaron el Parlamento, a tres años de prisión, son «penas desproporcionadas».
La sentencia se hizo pública en julio de 2014, y provocó el enfrentamiento entre CiU y la CUP. De hecho, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, aseguró el día siguiente al asedio, que los responsables tenían que pagar porque habían cometido un «atentado flagrante contra nuestra democracia y nuestro Parlamento». El también entonces consejero de la Presidencia, Francesc Homs, llegó a decir que «lo ocurrido no podía pasar sin ninguna consecuencia», y dio pleno apoyo a la acción de los magistrados del Supremo.
La Generalitat de Cataluña había pedido el ingreso en prisión de las cuatro personas que impidieron el paso a la comitiva en la cual circulaba el vehículo oficial del presidente Mas. También, el Parlamento de Cataluña exigió penas de prisión para otras 20 personas, que la Audiencia Nacional mantuvo imputadas. En aquel momento, la CUP mostró su indignación por la sentencia del Tribunal Supremo, y el diputado de esta formación, Quim Arrufat, llegó a decir que «nos da vergüenza el concepto que este Gobierno tiene de justicia; está a los antípodas de la idea de justicia que tenemos en la CUP».
Ahora el statu quo ha cambiado, y los dirigentes de Junts pel Sí, también han cambiado radicalmente de discurso, apoyando las tesis de la CUP. Según ha trascendido, el pasado 11 de octubre, la Mesa del Parlamento hacía un comunicado en el cual manifestaba «su apoyo a la demanda de los familiares del no ingreso en prisión de las personas condenadas». Todos los miembros de la Mesa votaron a favor, menos el representante del grupo parlamentario de Ciutadans.
