El día siguiente de la Diada, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP en la cámara catalana, Mireia Boya, ha respondido a las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que afirmó ayer que la consulta solo se celebrará si es «vinculante y factible«. La diputada anticapitalista, en una entrevista a TV3, ha asegurado que «la factibilidad de la consulta es una cuestión de voluntad política«, y que «esta factibilidad pasa solo por convocar el referéndum unilateralmente, sin tener en cuenta lo que dice el Estado«, que resulta bastante previsible, asegura.
Boya ha explicado que «la factibilidad depende del grado de desobediencia y de cómo se haga» el referéndum, sin embargo, ya ha advertido que solo se podrá hacer realidad si se «desobedece» la legalidad estatal y se hace caso «en algún momento» de la legalidad catalana. La diputada anticapitalista ha afirmado que esta desobediencia «está en el corazón de la convocatoria» de la consulta, y considera el referéndum unilateral de independencia (RUI) como una «cuestión de sentido común» y no como «una exigencia de la CUP a nadie«.
Por otro lado, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, también ha replicado las declaraciones del presidente de la Generalitat. Catalá ha asegurado que «en Cataluña se cumplen las sentencias y las leyes«, puesto que es «una comunidad autónoma más, donde las leyes están vigentes«. Por este motivo, el ministro ha advertido a Puigdemont que el referéndum independentista, sea pactado o no, es ilegal y que, por lo tanto, caerá «todo el peso de la ley» sobre quien cometa cualquier irregularidad al respecto. «Los responsables políticos tienen que acatar las leyes«, y cuando no lo hacen, «tienen que asumir las consecuencias«, ha asegurado el ministro Catalá.
