La justicia andorrana investigará si hubo presiones por parte del Estado español a la Banca Privada de Andorra (BPA), concretamente contra los hermanos Cierco, para obtener información bancaria sobre la familia Pujol, y también otros políticos, como Artur Mas y Oriol Junqueras, para perjudicar el proceso soberanista catalán. Así lo han denunciado los hermanos Cierco, los principales accionistas de la BPA. Es por este motivo que el abogado de la familia Pujol en Andorra, Jean-Michel Rascagneres, pondrá una querella contra los dos mandos que, supuestamente, «amenazaron y coaccionaron» a los hermanos Cierco.
Rascagneres espera que la justicia española «colabore tal y como lo hizo la andorrana, y que mediante una comisión rogatoria los policías españoles puedan declarar«. Los responsables policiales que llevaron a cabo este operativo serian el ex comissario Marcelino Martín Blas y el agregado de Interior en la embajada española en Andorra, Celestino Barroso. Sin embargo, el letrado del ex presidente Pujol en el Coprincipado ha reconocido que «se tiene que ver si a uno de los dos policías, Celestino Barrosso, lo protege la inmunidad diplomática».
Por otro lado, Manel Pujades, el abogado del gobierno de Andorra, ha recomendado al ejecutivo que «no entre en el tema de las amenazas y las coacciones«, puesto que «el tema que tiene que ocupar el gobierno de Andorra tiene que ser el blanqueo de capital«. De las doce causas que se han abierto en relación con la BPA, recuerda Pujades, los Cierco han sido exculpados de una, y «se tiene que ver qué pasa con el resto».
El consejero de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, ha pedido al respecto que se compruebe si realmente existieron estas supuestas presiones de la policía española, y ha comparado este caso con el de las conversaciones entre el ministro Jorge Fernández Díaz y el ex jefe de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso. «En España se demuestra que, cuando hay un abuso de poder como el que protagonizó el ministro del Interior y que se ha acreditado, se asumen con indiferencia, con una capacidad de digerirlos y justificarlos que es impropia de una democracia de calidad.» Finalmente, Vila ha señalado que, en el caso de estas supuestas presiones en Andorra, «no solo hay el ejecutivo implicado», sino que otros muchos «instrumentos del Estado» considera que «no han estado a la altura de las circunstancias».
