El Ayuntamiento de Barcelona no tira la toalla en su causa contra el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca. Después que el Juzgado contencioso administrativo número 2 de Barcelona denegara al Gobierno municipal la orden judicial para efectuar la inspección de esta instalación, el teniente de alcalde Jaume Asens ha manifestado que este hecho no afecta a la orden de cese de actividad.
A partir de ahora, el Consistorio que encabeza Ada Colau intentará conseguir el precinto del CIE, si bien Asens no ha especificado cómo actuará. El regidor de BComú, eso sí, ha destacado que la jueza «considera que es un hecho notorio, y estamos de acuerdo en que es un hecho notorio, pero lo que dicen los servicios jurídicos del Ayuntamiento es que no pueden poner un recorte de diario en el expediente».
«La voluntad del gobierno municipal es ir lo más rápido posible con la orden de precinto», asegura Asens, quien también ha remarcado que la jueza «muestra su extrañeza en el hecho que este equipamiento estaba funcionando sin licencia desde hace 10 años, y esa extrañeza es compartida, pero el tiempo transcurrido no le exime de cumplir con los requisitos de seguridad».
El Gobierno municipal de Barcelona prevé recurrir contra la denegación de la orden de entrada solicitada, mientras que el Ministerio del Interior tiene tiempo hasta principios de este mes de agosto para recurrir contra la orden municipal de cese de actividad.
Según la resolución de la jueza, el Ayuntamiento no tiene competencias para ordenar el cierre del CIE y la petición «esconde un claro, manifiesto y evidente conflicto competencial entre el Ayuntamiento y la Administración del Estado». Asimismo, expone que el conflicto se tendría que resolver «a través de otra vía, pero no en un incidente sumario de autorización de entrada domiciliaria».
