El Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña decidió ejecutar el desalojo del Banco Expropiado de Gràcia el pasado 23 de mayo, la víspera del primer aniversario de la victoria de Barcelona en Comú en las elecciones municipales y el mismo día que la alcaldesa Ada Colau presentaba el nuevo plan director de la Guardia Urbana con el responsable de este cuerpo de seguridad.
Según revela Catalunya Plural, el Departamento que encabeza el consejero Jordi Jané eligió esta fecha entre un total de 61 posibles, ya que la resolución judicial que ordena el desalojo del local de Travessera de Gràcia, 181, abría un plazo de dos meses para la ejecución: del 15 de abril al 15 de junio. Fuentes de Interior citadas por el mismo digital, eso sí, sostienen que se eligió aquel 23 de mayo por «criterios técnicos», como ya señaló el director de los Mossos, Albert Alcalde. Pero la teniente de alcalde Laia Ortiz interpreta que «hay demasiados indicios» de que se ha utilizado el Banco Expropiado «como una forma de desgaste político».
Mientras las actividades que se llevaban a cabo en el interior del Banco Expropiado se están trasladando al exterior, como se anuncia en las placas metálicas que impiden acceder al local, el propietario del inmueble desalojado, Manuel Bravo Solano, señalado por los manifestantes durante las jornadas de protesta, estaría dispuesto a vendérselo al Ayuntamiento de Barcelona, pero a cambio pide «una cifra de seis ceros», según revela la Directa en su última edición.
El concejal de Gracia, Eloi Badia, ha anunciado que el Consistorio ha descartado una «compra ciudadana» con el aval del Ayuntamiento, una opción que se había llegado a plantear durante las conversaciones con las entidades del distrito. Para Badia, el precio pedido por Solano -más de 500.000 euros, la cifra por la que adquirió el local a Catalunya Caixa en 2014- es desorbitado. Laia Ortiz, en cambio, ha dicho este mismo martes que el Ayuntamiento no ha descartado la compra.
Los vecinos
Por otro lado, el regidor de la CUP Josep Garganté denuncia este martes al agente de los Mossos que le golpeó con una porra en la espalda durante las protestas del pasado domingo. La Asociación de Vecinos de Gràcia, por su parte, ha lamentado la «descabellada intervención policial a cargo de una unidad reiteradamente condenada por abusos y desproporción, y en la que siguen trabajando agentes que han dejado sin ojo a siete vecinos y vecinas de la ciudad». Culpa a esta unidad, además, de haber roto «el clima de convivencia» y reprocha al ex alcade Xavier Trias que pagara «a escondidas» el «costoso alquiler del local».
Asimismo, esta asociación carga contra el desalojo como «una muestra de cómo se ha resuelto la crisis financiera generada por la burbuja especulativa» y valora el trabajo hecho en el Banco Expropiado, para el que pide continuidad: «han llevado a cabo un buen trabajo, promoviendo el apoyo mutuo del vecindario para hacer frente a muchos de los problemas planteados por la situación actual».
Para intentar mediar en el conflicto del Banco Expropiado, la asociación de los Jóvenes Gitanos de Gràcia se ha ofrecido al Ayuntamiento, pero, según ha explicado a Nació Digital el presidente de la asociación, Ricard Valentí, todavía no ha recibido ninguna respuesta. Valentí destaca que el Banco Expropiado «se ha portado muy bien» con algunas familias gitanas y cree que «los del banco no escucharán a nadie, pero a nosotros sí».
