La sociedad catalana merece unos medios públicos de comunicación que reflejen el caleidoscopio de nuestra realidad plural y, a la vez, acojan y recojan los grandes debates estratégicos que, más allá del «procesismo», tienen que iluminar nuestro futuro colectivo. Lo reclaman con vehemencia e insistencia los trabajadores de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que están hartos de sentirse manipulados y menospreciados por sus mandos, colocados a dedo en función de su contrastada fidelidad a las consignas políticas que emanan y reciben del Palau de la Generalitat.
TV3 y Catalunya Ràdio se han convertido en el reducto de una «singular» manera de entender y de interpretar el país. Esto sería muy lícito si la CCMA fuera una empresa privada, pero su carácter público y la fortuna que su funcionamiento cuesta cada año a los Presupuestos de la Generalitat -225 millones de euros- exigen la implementación de un código muy estricto que garantice la neutralidad política y el pluralismo.
La selección de programas, de presentadores, de invitados y de productoras externas se hace con criterios totalmente subjetivos y sectarios, en función de los intereses gubernamentales y de las «mafietas» que pululan por Sant Joan Despí. Hasta el punto que el Sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC) ha presentado una denuncia ante el Consejo de Europa a raíz de los últimos nombramientos de la cúpula de TV3 y Catalunya Ràdio, que se han repartido entre profesionales de confianza de Convergència y ERC.
Bajo la presidencia del valenciano Brauli Duart, la CCMA es, más que nunca, una cloaca infecta que contrasta con los anhelos de libertad, transparencia y juego limpio que reivindica la sociedad catalana. Los peores vicios del pujolismo siguen muy vivos en las prácticas y en las inercias que marcan el día a día de los medios públicos de la Generalitat. No es sólo una tomadura de pelo: es un foco de perversión que, por el bien de todos, hay que sanear profundamente.
Un exponente de este «ambiente tóxico» que se respira en TV3 y en Catalunya Ràdio es la implacable persecución que sufre el trabajador que está acusado de «filtrar», en 2012, los salarios de la plantilla y las afectaciones del ERO preparado por Brauli Duart. Una dotación de los Mossos d’Esquadra se personó en las instalaciones de la televisión catalana para detener a este trabajador y ahora la CCMA, junto con la Fiscalía, le piden siete años de cárcel (!) por «revelación de secretos».
¿Quién se ha creído que es Brauli Duart para enviar un trabajador de TV3 a la cárcel? Los ingentes presupuestos que mueve la CCMA son públicos y, por lo tanto, tenemos todo el derecho a saber cómo se administra cada euro. Hay que ganar la «batalla» de Sant Joan Despí. ¡Y la ganaremos!
