Una treintena de refugiados, la mayoría familias ucranianas, empezarán a alojarse a finales de este mes de marzo en la emblemática Casa Bloc situada en el paseo de Torres i Bages del barrio de Sant Andreu y obra del grupo de arquitectos GATCPAC encabezados por Josep Lluís Sert. El grupo, demandante de asilo y alojado en diferentes albergues de Barcelona, vivirá durante unos seis meses, que es el tiempo mínimo calculado por las administraciones para que empiecen a adaptarse a su nueva vida, aprendan las nociones básicas del idioma y se puedan reciclar profesionalmente. Este primer grupo se repartirá en 25 apartamentos de dos y tres habitaciones con una capacidad total de un centenar de plazas.
La ubicación temporal en la Casa Bloc, una antigua residencia para viudas de militares hasta julio del año pasado y ahora propiedad del Incasòl, se efectuará después de una rehabilitación que ha durado cuatro meses y que ha devuelto al edificio su función original, ya que se construyó en los años 30 del siglo pasado para dar cobijo a las familias más pobres de Sant Andreu. La Generalitat ha cedido el equipamiento a la CEAR, la ACCEM y la Cruz Roja, las tres entidades expertas en atender a los refugiados a las que el Gobierno central ha delegado la atención de acuerdo con los compromisos adquiridos por el ejecutivo de Mariano Rajoy con la Unión Europea para acoger refugiados. La previsión oficial es pasar de 28 plazas de acogida a 150 en Catalunya.
Reunión informativa
El 24 de febrero se celebró en el distrito de Sant Andreu una reunión presidida por la regidora Laia Ortíz y por el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós, para informar a los vecinos de los detalles de la iniciativa, que forma del plan Barcelona, ciutat refugi. De hecho, es el segundo encuentro informativo que se celebra en el distrito. La propuesta de convertir la Casa Bloc en un centro de acogida de refugiados ha generado una gran expectación en el barrio hasta el punto que en la última reunión no cabía ni una aguja. La mayoría de las preguntas planteadas por los vecinos giraban alrededor de tres preocupaciones: el impacto de su presencia en el barrio, el coste de la acogida y cómo integrar a estas familias.
Según explicó Estela Pareja, la directora de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado dependiente de la CEAR, «los refugiados los tenemos aquí desde hace mucho tiempo, lo que no teníamos eran medios para acogerlos con dignidad». La regidora Ortíz explicó que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento han diseñado un proceso de acogida que no supondrá ningún impacto negativo para el barrio. Además, el consistorio barcelonés reforzará los equipos de intervención de las tres ONG que atenderán a los recién llegados con un trabajador de servicios sociales que también actuará de enlace con Sant Andreu. En cuanto al coste de la acogida, lo asumirá el Estado español, que es quien tiene las competencias de asilo y acogida.
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