Dinero, hay. Pero está mal repartido y, en el caso de las administraciones y a pesar de los recortes, se derrocha escandalosamente. Cuando la pobreza y la miseria afectan a capas cada vez más amplias de población, la certeza que esto tiene una solución democrática al alcance –y, por lo tanto, sin necesidad de deslizarse por la peligrosa pendiente del populismo- es enervante.
Entre mis lecturas cotidianas está el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), donde el gobierno anuncia las disposiciones que acuerda, los nombramientos, los contratos y las subvenciones que otorga. A pesar de la dramática situación de las finanzas de la administración catalana, detecto, de manera sistemática, gastos que son del todo superfluos y que se podrían canalizar, si hubiera voluntad política y rigor en la gestión, a atender las necesidades objetivas de la gente desamparada y desesperada.
Por ejemplo: la Generalitat gasta un dineral indecente en subvenciones sin pies ni cabeza para engordar el «caldo» de entidades, asociaciones, patronales, sindicatos, empresas, escuelas, medios de comunicación… que, a su vez, se dedican a «comprar» y a difundir el discurso del gobierno. Esta es una perversa herencia del pujolismo que el Tripartito continuó con alegría y que los «procesistas» han mantenido a expensas de recortar servicios básicos para la población.
El caso de las escuelas segregacionistas del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo, que se embolsan cada año más de 30 millones de euros de las empobrecidas finanzas de la Generalitat, es paradigmático. Pero es que los 29,7 millones que también «regala» cada año el gobierno a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), un negocio privado que tiene presencia en Madrid, en Sevilla, en México… resulta inexplicable.
Sin hacer demagogia: la Generalitat aporta 225 millones de euros de subvención anual para el funcionamiento de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que cuenta con 2.424 trabajadores en plantilla. Con este personal ¿no se podría hacer funcionar TV3 y Catalunya Ràdio sin necesidad de recurrir a la compra de carísimas producciones externas perfectamente prescindibles para hacer una programación de interés público y de calidad? Pregunto…
Ya lo decía en el anterior artículo e insisto. La concesión de subvenciones a la práctica totalidad de los medios de comunicación privados de Cataluña es también una anomalía democrática que merecería una profunda reflexión y revisión. Además, su supresión liberaría unos recursos económicos que son necesarios para atender otras prioridades mucho más urgentes que tiene la sociedad catalana.
Más: los salarios que paga la Generalitat a su «corte» de consejeros, altos cargos, asesores y consultores son, directamente, insultantes, si los comparamos con los de la empresa privada. El mejor «chollo» que hay hoy en el mundo laboral en Cataluña es formar parte de la «élite» de las instituciones públicas. Un diputado cobra cada mes un mínimo de 5.000 euros y puede llegar a superar los 10.000 euros. Los consejeros y los altos cargos de confianza también superan los 10.000 euros mensuales. La legión de asesores –que automáticamente son equiparados a funcionarios de la clase A, con el máximo nivel 30 y, además, con un complemento que bordea los 40.000 euros anuales- también se llevan, como mínimo, más de 5.000 euros al mes.
Ya sé que todo sumado es una gota de agua en los Presupuestos de la Generalitat, que suben a 30.000 millones de euros. El Estado del Bienestar en Cataluña es muy delgado, como ha constatado el debate sobre la pobreza que acaba de celebrar el Parlamento. Es obvio que se necesitan más recursos públicos y que la administración catalana tiene que recibir un mejor trato fiscal del Gobierno central.
Dicho esto: la Generalitat gestiona pésimamente el dinero de que dispone y lo hace pagar a las anillas más débiles de la cadena (los funcionarios de base y los usuarios de los servicios públicos), víctimas propiciatorias de las políticas de recortes de los últimos años. Con una administración inteligente de los gastos y una política más activa en los ingresos, el vicepresidente Oriol Junqueras no tendría que ir a hacer el ridículo al aeropuerto del Prat para pedir dinero al ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.
También quiero dejarlo muy claro y subrayarlo: los vicios de la Generalitat los reproducen las otras comunidades autónomas y se multiplican en el caso del Gobierno central.
Fèlix Millet, el ladrón del Palau de la Música, hablaba de las «400 familias» que controlan el ‘cotarro’ en Cataluña y Pablo Iglesias ha popularizado el concepto de la ‘casta’ para referirse a los poderes fácticos que parasitan desde hace generaciones los recursos del Estado. En Cataluña y en España está emergiendo una nueva ‘casta’: la de los políticos, sean del color que sean (diputados, senadores, consejeros, ministros, asesores…), y la de los altos funcionarios que, en este «paraíso de los mileuristas», cobran sueldos fabulosos. Tocar cada mes una nómina de 5.000, 6.000, 8.000 o 10.000 euros es un lujo muy raro en el ámbito de la empresa privada, pero, en cambio, es habitual en la «crême de la crême» de las instituciones y del sector público.
Esta ‘casta’ es, en esencia, profundamente conservadora. Nunca, en su vida privada, habrían podido soñar con una remuneración fija de este alto nivel. Por eso, son los primeros interesados en que la «fiesta» dure cuanto más mejor. Desde esta perspectiva, egoísta y humana, llego a la conclusión que Carles Puigdemont intentará –si puede- alargar la legislatura cuatro años y que los diputados de Madrid –todos- «rezan» para que, finalmente, haya un gobierno –el que sea- que evite la convocatoria anticipada de elecciones y, por lo tanto, puedan seguir chupando del generoso bote público durante una laaaaaaarga temporada. Afuera, hace muy frío.
