Puigcerdà tendrá que contratar un nuevo crédito para poder pagar a Carrefour 630.000 euros y, de este modo, cumplir con la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que considera que el Consistorio incumplió un convenio urbanístico con Supeco-Maxor, absorbida por la multinacional francesa.
El alcalde Albert Piñeira se ve obligado a pedir este crédito y culpa de una operación «mal hecha» al equipo de Gobierno local del año 2003, que encabezaba Joan Carretero, alcalde de ERC, que acabó dejando este partido y fundó Reagrupament. Piñeira señala que la «herencia envenenada» ha tenido como resultado un «batacazo financiero» para la localidad -la multa es una quinta parte del presupuesto municipal- que tendrán que pagar «entre todos».
Otro contencioso pendiente de resolver, en este caso con los supermercados Bonpreu por una licencia otorgada en aquella misma época, preocupa a Piñeira. El Ayuntamiento fue condenado el pasado mes de septiembre a pagar 1,4 millones, pero la sentencia no era firme y ha sido recurrida por el Consistorio.
