Tirón de orejas al Ayuntamiento de Barcelona por consentir las abusivas tarifas funerarias. La Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha pedido a la alcaldesa, Ada Colau, que haga cumplir la ley y facilite la entrada de nuevos operadores al mercado funerario para garantizar una competencia real que abarate los costes de los servicios. El primer paso para acabar con los precios abusivos es modificar los contratos de concesión de los tanatorios de titularidad pública. El objetivo, según Vilà, es que todas las empresas puedan acceder a las salas de velatorio en igualdad de condiciones tal como recoge la ley catalana. Actualmente, el grupo Mémora es quien controla la mayor parte del pastel funerario barcelonés seguido de Àltima e Interfuneraria.
Inacción del Consistorio
Después de estudiar una decena de quejas, la Síndica concluye que el consistorio sigue sin utilizar «todos los mecanismos que tiene al alcance para promover la competencia» en la prestación de los servicios funerarios, a pesar de tener margen de intervención, puesto que es una actividad esencial y puede influir en las tarifas. Vilà recuerda que el Ayuntamiento puede reforzar las inspecciones para detectar fraudes y puede revisar la actual ordenanza para eliminar los «requisitos injustificados que dificultan la entrada al mercado de nuevas empresas operadoras». Además, puede exigir a las empresas que se adhieren a la Junta Arbitral de Consumo y que ofrecen información más clara sobre las tarifas.
La evidencia de que los diferentes gobiernos municipales se han plegado a las exigencias de las empresas funerarias en detrimento de la defensa del interés público es indiscutible, tanto en Barcelona como su demarcación, tal como ha denunciado EL TRIANGLE. La privatización de los servicios funerarios en el Estado se remonta a 1996. En el caso catalán, la ley que liberalizaba el sector hacía recaer en los ayuntamientos la potestad de establecer los requisitos en las empresas prestamistas del servicio y ello abrió la puerta a hacer muchas ordenanzas a medida de los intereses de las funerarias ya existentes. Para evitar perder el control del mercado y seguir ejerciendo el monopolio, se establecieron unos requisitos de obligado cumplimiento para ganar el concurso que hicieron imposible la entrada de nuevos operadores.
Privatización descarada
En el caso de Barcelona, el favoritismo hacia Mémora es escandaloso y las tarifas por un sencillo funeral, también, porque no bajan de los 6.000 euros de media, como denuncia la Asociación contra los Abusos en los Servicios Funerarios. La privatización empezó en 1998 de la mano del gobierno de Joan Clos. Jordi William Carnes, entonces primer teniente de alcalde, fue el principal valedor de la operación de privatización, asegurando que incentivaría la competencia. Doce años más tarde, Mémora se hacía con un 36% más de las acciones, dejando el consistorio que presidía Jordi Hereu en minoría con el 15%. Con la victoria de Xavier Trias se intentó sin éxito conseguir la privatización total. La Síndica considera que la actual ordenanza vulnera tanto la normativa europea como la ley catalana porque no se ha adaptado a los nuevos requisitos de la UE.
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