Referéndum

«Es falsa la idea de que la consulta es para lograr la independencia», acaba de decir Iñigo Urkullu en una entrevista a Luis R. Aizpeolea, en El País (lunes, 25 de enero), quizás de manera intencionada, si se tiene en cuenta que el citado diario no pierde ocasión de repetir machaconamente el latiguillo que asocia referéndum a independencia, como si de un eslogan se tratara. En realidad «consulta» e «independencia» son conceptos que no se avienen. De hecho, los independentistas no quieren ni necesitan la «consulta» porque ya han optado por una de las opciones que podrían dilucidarse en ella: la independencia.

La autodeterminación, con esta u otras palabras, fue una cuestión ampliamente debatida por los marxistas -en el contexto del auge nacionalista europeo- pero no es hasta el año 1955 que alcanza rango de tratado en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (aunque no en la Declaración Universal de los Derechos Humanos), por iniciativa de la URSS y con 33 votos a favor de los países comunistas y del Tercer Mundo, 12 en contra y 13 abstenciones. Naturalmente, los votos en contra procedían de los países occidentales con colonias o afines al colonialismo, porque esta iniciativa respondía a las luchas anticoloniales que se libraban en el mundo.

«Autodeterminación» es un término asociado a «pueblo», concepto complejo, polémico y no exento de ambigüedad, y lo es desde los orígenes del pensamiento político occidental. En los 60, la definición de los pueblos coloniales como sujetos de la libre determinación fue esencial para la descolonización y contribuyó a una auténtica universalización de la sociedad internacional. Está muy extendida la asociación de «pueblo» a habitantes de un Estado y diversas minorías nacionales o pueblos indígenas dentro de un Estado que se definen como «pueblos». Pueblo es también una población más pequeña y con menos habitantes que una ciudad.

Pero una cosa es el derecho (que puede estar o no reconocido por las leyes de cada país) y otra ejercerlo. El ejercicio del derecho a la autodeterminación -que nuestros nacionalistas han rebautizado como «derecho a decidir», lo mismo que «referéndum» han traducido en «consulta»- no tiene tampoco porqué materializarse en una elección a fecha fija. Así lo entiende el veterano historiador Tom Devine, considerado la principal autoridad en la historia de la Escocia moderna y autor de la conocida obra La nación escocesa, que manifestó estar en contra de la celebración del referéndum escocés, porque obligaba a pronunciarse de una manera simple sobre una cuestión compleja. «Soy partidario de una evolución progresiva, porque estamos hablando de lo que pasará en el futuro y no podemos saber qué pasará», afirmaba.

De hecho, en un contexto democrático, en el que se celebran periódicamente consultas electorales, los ciudadanos se pronuncian de algún modo en torno a sus vínculos con las instituciones, como lo hacen respecto a otras muchas cuestiones incluidas en los programas electorales. Es decir, se están «autodeterminando», y es por eso que sabemos cuáles son el peso y las características de cada opción en liza y cómo van evolucionando.

Es natural que ante una polarización extrema, que generalmente tiende a monopolizar el espacio político, ideológico y social, cunda el deseo de sacudirse el asunto por la vía rápida (imprescindible para poder afrontar la realidad) y nada más expeditivo que un referéndum. Pero hasta esta vía exige, en democracia, procedimientos, acuerdos y tiempo. Porque si, como sostiene Urkullu, el ejercicio del derecho a decidir tiene que realizarse por la vía legal, no queda otro remedio que reconocer al contrario, negociar y pactar.

Y desde luego, no perder de vista que el ejercicio del derecho de autodeterminación tal como asegura la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos puede articularse en «independencia, autogobierno, gobierno local, federalismo, confederalismo, unitarismo o cualquier otra forma de relación conforme a las aspiraciones del pueblo, pero reconociendo los otros principios establecidos, como la soberanía e integridad territorial».

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