La presunta trama corrupta en la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A (Acuamed) aprovechó el proyecto de descontaminación del embalse de Flix para desviar 40 millones de euros a la contratista FCC, expone el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en su auto.
El coste de la descontaminación del pantano se incrementó sin justificación, una maniobra que el juez Velasco vincula a una compensación a FCC relacionada con una obra ejecutada en Almería que también se encuentra bajo investigación.
El juez apunta que las compensaciones a FCC se habrían pactado «desde muy alto nivel en el Ministerio» y describe que se certificaron «unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos, creándolos para meter conceptos extraordinarios que no existían, con documentación falsa pretendiendo justificar unos conceptos por otros».
«Ante una reclamación ilegal de 30 millones de euros apoyada por los directivos de Acuamed pero negada por los técnicos, se pretenden cambios de certificaciones para retirar penalizaciones y pasar de una facturación aproximadamente debida de 3,5 millones, a 40 ficticios», expone.
La compensación indebida a FCC citada por el juez Velasco apunta hacia Federico Ramos de Armas, que en el momento de los hechos investigados ejercía como secretario de Estado de Medio Ambiente, el cargo de mayor rango que formó parte de la reunión donde se acordó el pago de los 40 millones a FCC.
Según fuentes de la investigación, en aquel encuentro se ordenó a Arcadio Mateo del Puerto, director general de Acuamed, «vestir» la supuesta compensación a FCC que habrían acordado responsables de la empresa con altos cargos del Ministerio.
Ramos de Armas ha dimitido este viernes del cargo de subsecretario de Presidencia.
