La indemnización de 1.350,7 millones de euros (con un interés anual del 4,27%) concedida por el Gobierno español, mediante Enegás, a la concesionaria Escal UGS por la hibernación del proyecto Castor está en el punto de mira de la Comisión Europea.
A raíz de una reclamación formulada en julio por las patronales Cecot, Fepime, Centro Metalúrgico y Consejo Intertextil Español, que indicaba que la millonaria compensación podría distorsionar la competencia, la Comisión ha solicitado información al Gobierno español con el objetivo de aclarar si la indemnización fue una ayuda irregular a la concesionaria, que es propiedad en un 66,67% del grupo ACS, que dirige Florentino Pérez.
La Comisión Europea esperará a recibir la información pedida a España antes de poner en marcha una investigación oficial sobre el Castor. Este primer paso desde Bruselas coincide con el inicio del periodo de 30 años durante el que se había previsto que los consumidores de gas, mediante las facturas, pagaran la indemnización a la concesionaria del Castor.
