El escándalo de supuestos sobornos a trabajadores de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A (Acuamed), salpica a Acciona, a la que la Generalitat adjudicó el contrato de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), y también a FCC, investigada en la Audiencia Nacional por el pago de comisiones a Jordi Pujol Ferrusola y registrada por el caso Innova.
En el caso de Acuamed, la Guardia Civil ha detenido a empleados de FCC -entre ellos el presidente de FCC Construcción-, adjudicataria del proyecto de descontaminación del embalse de Flix (Ribera d’Ebre), licitado por un importe de 165 millones de euros que se ha incrementado hasta los 190 millones, y ha registrado su sede de Tarragona. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco había detectado indicios de malversación de dinero público, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, entre otros delitos.
En cuanto a Acciona, se halla en el punto de mira de los investigadores el proyecto de la desalinizadora de Torrevieja (Alicante), terminado en 2013 y en funcionamiento desde el año pasado. Fuentes citadas por El Confidencial aseguran que responsables de la UTE de Acciona y Romymay, que levantaron la instalación y obtuvieron su gestión por un periodo de 15 años, consiguieron certificaciones de obra fraudulentas por parte de responsables de Acuamed para inflar los costes de mantenimiento.
Los 13 detenidos en esta primera fase de la denominada operación Frontino, que persigue adjudicaciones arregladas, habrían causado un perjuicio al Estado cifrado en 20 millones de euros.
