La operación Petrum (caso 3%), que investiga el juez del Vendrell, Josep Bosch, ha comportado la imputación del arquitecto Josep Manel Bassols y de su socio Sergio Lerma, acusados de hacer donaciones a la fundación CatDem y a la fundación Barcelona Fòrum a cambio de la adjudicación de obras públicas de las administraciones gobernadas por Convergència Democràtica (CDC) a dos de las empresas que controlan, Oproler Obras y Proyectos SL y Enseñat i Roca Construccions. El caso es especialmente grave porque la esposa de Josep Manel Bassols -que fue alcalde de Anglès por CiU entre los años 1995 y 2003- es la magistrada en excedencia Núria Bassols, actual comisionada para la Transparencia del Gobierno de la Generalitat.
La dotación de la Guardia Civil que intentó hacer el registro, ordenado por el juez, en el domicilio particular de los Bassols se topó con la indignada resistencia de la comisionada para la Transparencia, que los acusó de intentar «joderme mi carrera política». Por su parte, en el domicilio de Sergio Lerma en Madrid los agentes encontraron 200.000 euros en efectivo y unas anotaciones a mano donde se hacía referencia a Oriol Pujol como «el conseguidor».
Contratos a manos llenas
La generosidad de los empresarios Sergio Lerma y Josep Manel Bassols con las fundaciones de CDC ha tenido recompensa. Oproler Obras y Proyectos y Enseñat i Roca Construccions -en solitario o con la fórmula de UTE- han obtenido, en los últimos años, numerosas adjudicaciones de la Generalitat, de la Diputación de Barcelona y del Ayuntamiento de la capital catalana, durante el mandato de Xavier Trias: la construcción de un ambulatorio en Mataró, los trabajos de prolongación de la línea de FGC en Sabadell, la adjudicación de la Comisaría de distrito y de tráfico en L’Ametlla de Mar, trabajos de reforma en Drassanes y el Museo Marítimo de Barcelona, obras de mejora urbana en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, etc. En total, las adjudicaciones conseguidas -según los cálculos de EL TRIANGLE- rondan los 20 millones de euros.
¿Es coherente y admisible que la comisionada para la Transparencia de la Generalitat continúe en el cargo mientras su marido está imputado en un sumario de corrupción política y pago de comisiones a gran escala? En cualquiera otro país europeo, esta circunstancia matrimonial habría comportado -además de un enorme escándalo mediático- el cese o la dimisión fulminante del cargo público implicado y más cuando su función está asociada explícitamente a la lucha contra la corrupción.
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