Las mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlamento de Catalunya aprobadas por los ayuntamientos de la Seu d’Urgell y Celrà se encuentran en el punto de mira de la Audiencia Nacional. Según publica El País, los juzgados 1 y 4 de la Audiencia han abierto diligencias para determinar si se cometieron delitos de rebelión, sedición, prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones y uso indebido de fondos públicos con la aprobación de las mociones.
La actuación, según el mismo diario, tiene origen en escritos de la Fiscalía en los que se insta a identificar a los regidores que apoyaron las mociones y se reclama documentación. Las diligencias se abrieron a partir de atestados de la Guardia Civil.
La resolución independentista, aprobada el pasado 9 de noviembre, fue suspendida por el Tribunal Constitucional cuando admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno español para intentar tumbarla.
Se prevé que este miércoles el Constitucional haga público que anula la resolución independentista del Parlamento. Según publica El Mundo, la decisión se acordó este martes en la reunión del pleno. La evidente anticonstitucionalidad y el deseo del Tribunal de resolver el recurso de Gobierno español cuanto antes explican, según la misma información, que se acabe tumbando la declaración del 9 de noviembre en poco más de tres semanas.
