Llevan desde el año 2013 organizados en defensa del sistema público de pensiones y casi todo el mundo les dice que la suya es una guerra imposible de ganar. Agrupados en la plataforma Marea Pensionista, miles de ciudadanos de todo el Estado han demandado al gobierno de Mariano Rajoy por haber congelado prácticamente sus pensiones y hace pocos días un juez les ha dado la razón. En un hecho sin precedentes, el Juzgado social número 12 de Barcelona ha obligado a la Seguridad Social a abonar a diez jubilados el dinero que dejaron de ingresar durante los años 2012 y 2013 al considerar que se ha vulnerado el derecho internacional.
Después de reiterados archivos de las reclamaciones, esta es la primera vez que un juez interpreta que tanto la Ley 23/13 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones como el real decreto que elimina la actualización de las pensiones con el IPC, incumplen las disposiciones internacionales en materia de Seguridad Social y de garantía de suficiencia económica para los pensionistas.
Por eso, la magistrada insta al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a abonar a los demandantes una paga única compensatoria con la diferencia entre el importe que resulta de revalorar las pensiones un 1% como hizo el ejecutivo durante el 2012 y el 2013, y la cantidad que correspondería si se hubiera aplicado el IPC, entonces situado en un 2,9%.
La sentencia, que puede ser recorrida por el gobierno central, considera probado que al aplicar a las pensiones un porcentaje inferior al IPC, el Estado español no respeta la Carta Social Europea que insta a los países firmantes a «elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social», puesto que si no se hace no se puede garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. La magistrada también se remite a las directrices del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establecen la obligación de los gobiernos «de garantizar las cantidades de las pensiones para adecuarlas a las posibles variaciones del coste de la vida».
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