El gasto de la Generalitat de Catalunya en la organización de la consulta alternativa del 9 de noviembre de 2014 fue de al menos 3 millones de euros. La Consejería de Educación destinó 2,8 millones públicos para adquirir los 7.000 ordenadores utilizados en las meses y 200.000 euros más para la campaña de difusión de la votación y las papeletas.
El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la consejera de Educación en funciones, Irene Rigau, justificaron la compra de estos equipos informáticos diciendo que ya se había previsto anteriormente para dedicarlos a finalidades docentes y que el 9-N se hizo un uso puntual.
Fuentes citadas por Europa Press señalan que existe una factura de la Consejería de Educación, que supera los 12.000 euros, en concepto de transporte del material informático a los centros donde se efectuó la votación. Esta factura, según la misma información, forma parte de la documentación investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
El precio del 9N original
El decreto de la «consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Catalunya», convocada por el Gobierno de la Generalitat y tumbada por el Tribunal Constitucional (es decir, el que convocaba la versión original del 9N) preveía un gasto total que bordeaba los 9 millones de euros.
