El Ayuntamiento de Barcelona ha dado luz verde al plan urbanístico que permitirá la construcción de una tienda de ropa de unos 5.000 metros cuadrados en el edificio que Generali tiene en el número 11 del Paseo de Gràcia.
El equipo de Ada Colau no ha tenido más remedio que aprobar definitivamente el proyecto «por imperativo legal» porque el anterior gobierno de Xavier Trias agotó los plazos que la ley urbanística establece sin dar ninguna respuesta al promotor. Es lo que se conoce como silencio administrativo positivo, un recurso legal pero poco democrático utilizado por CiU para aprobar proyectos polémicos sin pasar por la criba de la oposición municipal.
El caso del gran centro comercial de H&M es el último ejemplo de una extraña forma de hacer política que evita el debate y rehuye el acuerdo. El proyecto de la empresa sueca se presentó a finales del año pasado y unos meses después CiU retiró la propuesta de la comisión de Hábitat Urbano por falta de consenso, puesto que el PP exigió antes de votar a favor un informe sobre el impacto que la nueva tienda tendría en la actividad comercial de la zona.
Aun así, la tramitación prosiguió porque no se denegó el permiso y en marzo se puso el proyecto a exposición pública durante dos meses para presentar alegaciones. Nadie dijo nada, así que el expediente se aprobó por silencio administrativo el 23 de mayo del 2015, casualmente el día antes de las elecciones municipales.
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