La Audiencia Nacional y la Policía buscaban a Jaume Ferrer por medio mundo y, al final, lo han encontrado en Gabón, donde trabaja para la liga de fútbol profesional de este pequeño país africano. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) fue incapaz de localizarlo para que se presentara en comisaría, pero el juez José de Mata, el sucesor de Pablo Ruz, consiguió que prestara declaración en la Audiencia Nacional a finales de septiembre, en calidad de imputado, por sospechar que actuaba como testaferro de Jordi Pujol Ferrusola en el cobro de comisiones.
Ante el juez, Jaume Ferrer dijo que había pagado 435.000 euros en comisiones al heredero Pujol para encontrarle clientes para sus empresas de asesoramiento, pero su declaración dejó demasiadas dudas.
A preguntas del juez José de Mata y de la fiscal anticorrupción Belén Suárez, Jaume Ferrer explicó que había estado delante de un grupo empresarial dedicado a la implementación de sistemas de gestión de calidad, integrado por cuatro sociedades, que facturaba entre 4 y 6 millones de euros anuales y que tenía a un centenar de trabajadores entre fijos y autónomos.
El empresario precisó que el 35% de la facturación se destinaba a la red comercial, de la cual formaba parte Jordi Pujol Ferrusola, el cual cobraba entre un 20% y un 25% de los beneficios que generaban los clientes que aportara. Uno de estos clientes era EMTE, la empresa de montajes industriales de la familia Sumarroca que durante años ha sido uno de los grandes contratistas de la Generalitat.
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