Efectivos de la Guardia Civil se han personado este viernes en la sede del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) en busca de información sobre la contratación de la empresa Inipro por parte de este organismo.
Supuestas irregularidades en el procedimiento de contratación, en 2010, y posibles adjudicaciones a dedo motivan el registro, que tiene su origen en una denuncia presentada en 2013 por la CUP.
La portavoz del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tarragona, Begoña Floría, ha admitido que hubo irregularidades administrativas, pero también recuerda que se tomaron medidas cuando el caso se dio a conocer, como un relevo en la gerencia, un refuerzo de los servicios jurídicos y una auditoría interna.
La adjudicación investigada
La denuncia presentada por la CUP a la Fiscalía señalaba que la adjudicación de un servicio relacionado con la asistencia a los inmigrantes obtenida en 2010 por Inipro fue prorrogada irregularmente en 2011 y 2012. Entre los argumentos planteados sobre posibles delitos continuados de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, los cupaires citaron que la externalización no era necesaria porque la IMSST contaba con efectivos propios y que se carecía información sobre las tareas de Inipro en Tarragona.
De hecho, una auditoría del organismo indicó en 2011 que las prórrogas en la adjudicación no siguieron los procedimientos marcados por la Ley de Contratos del Sector Público.
También hay dudas en cuanto a la concesión del contrato, que se efectuó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, una modalidad permitida porque el contrato era de menos de 60.000 euros. De las tres empresas invitadas a optar al contrato por parte la Administración, una renunció y las otras dos, Itinere e Inipro, eran filial y matriz, respectivamente.
Se considera, por otro lado, que Inipro es una empresa cercana al PSC. De hecho, su administrador es Ricard Campàs, militante del partido y antiguo candidato socialista al Parlamento de Catalunya.
