Hace dos semanas que Mas pidió declarar por el 9N

CDC ha hecho circular que se trata de una persecución política
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Durante la campaña electoral del 27-S, los abogados del presidente en funciones del Gobierno de la Generalitat, Artur Mas, pidieron que su representado fuera citado a declarar y que esa comparecencia tuviera lugar antes de que la de los testigos previstos para «hacer valer el derecho de defensa» de los imputados», según la argumentación de los letrados revelada por El Mundo y La Razón.

La petición de Mas, que finalmente declarará el día del 75º aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, fue recibida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hace dos semanas. En el escrito de la defensa del presidente se argumenta que los imputados tienen que declarar antes de que los testigos, si bien en este caso ya han declarado cuatro personas.

Los querellados por la celebración de la consulta alternativa del 9N pidieron de manera informal el pasado 30 de julio que la citación de Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau no se produjera antes de la contienda electoral del 27-S para no interferir en la votación y el instructor, Joan Manel Abril Campoy, aceptó su petición.

El perfil de Abril Campoy
Este magistrado es también el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andorra, condición denunciada públicamente por el Partido Pirata porque ejerce esta responsabilidad en un país extranjero «con sensibles conflictos económicos con la cuestión Convergència-Pujol y otras investigaciones». En el informe elaborado por esta formación se alerta de que Abril Campoy «sería la última persona que habría de decidir, por ejemplo, qué datos se dan desde Andorra a la Hacienda española de cualquier investigado».

Abril Campoy, que fue el instructor del caso Mercurio y encabezó los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona durante las etapas de los alcaldes Jordi Hereu y Xavier Trias, fue escogido en 2012 miembro del TSJC por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre tres candidatos, todos ellos propuestos por CiU, el PSC, ERC e ICV-EUiA. Ramon Camp, vocal de CiU en el CGPJ, fue el artífice de la elección de Abril Campoy.

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