El escándalo de la BPA no sólo afecta a los clientes y a los trabajadores de esta entidad bancaria: también, y esto es muy grave, a la credibilidad de las instituciones andorranas y, en especial, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIFAND) de la policía andorrana, el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) y la Administración de Justicia (la Batllia y la Fiscalía). ¿Cómo es posible que, durante años, hayan circulado miles de millones de euros de origen criminal por las cuentas de la BPA -como ha puesto de relieve la denuncia del FinCEN norteamericano- sin que estos organismos hayan detectado nada extraño, en un país pequeño donde sólo operan cinco entidades bancarias?
Antes del terremoto de la BPA, el Coprincipado sólo había conocido dos «accidentes» financieros: el del banco Sobanca, en 1968; y el de la empresa de servicios financieros Valora, en 2007. El caso de esta última entidad es emblemático para comprender la insólita indolencia y complicidad criminal de los organismos de control andorranos. La quiebra de Valora sucedió hace ocho años y todavía hoy duerme en los despachos de la Batllia, mientras hay un gran número de damnificados que esperan (y desesperan) ver resarcidos sus ahorros. Este escándalo, urdido con la colaboración de los bancos Andbank y Fibanc/Mediolanum, ha sido objeto de una querella criminal que ha sido gravemente mutilada por la Batllia (ver EL TRIANGLE n. 1167).
El caso Pujol
El economista francés Philippe Riu fue designado perito de la quiebra y su informe, que está en manos de la Batllia desde 2010, contiene gravísimas conclusiones: en el funcionamiento de Valora «las normas en materia de lucha contra el blanqueo y de lucha contra el terrorismo no eran respetadas en absoluto», puesto que sus gestores aceptaban ingresos de dinero del extranjero, muchas veces en efectivo, sin comprobar su procedencia.
¿Qué ha hecho la Batllia ante esta contundente constatación del perito? Nada. ¿Qué ha hecho el INAF? Nada. Hay que tener en cuenta que la actual directora de este organismo -encargado de velar por el correcto funcionamiento del sistema financiero andorrano-, Maria Cosan, era la antigua responsable de la auditora KPMG en el Coprincipado, que había efectuado las auditorías de Valora y de BPA.
