El Tribunal Supremo ha impuesto una pena de tres años de prisión por delito contra las altas instituciones del Estado, el 498 del CP, a ocho de los 19 encausados por el asedio que sufrieron algunos diputados en el Parlamento de Cataluña. La sentencia anula la mitad de las absoluciones que dictó la Audiencia Nacional.
El fiscal recorrió ante el Supremo la sentencia de la Audiencia, por la persecución a la cual fueron objeto algunos diputados a la hora de entrar al Palacio de la Ciutadella, antes de entrar en el Pleno que se tenía que celebrar en junio de 2011, porque consideraba los hechos «muy graves».
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