El impulso del proyecto VISC por parte de la Generalitat de Catalunya desató fuertes críticas. Los detractores apuntaban que se abría la puerta a la explotación comercial privada de los datos sanitarios de los catalanes, que se había desarrollado de manera opaca y que generaba un escenario de inseguridad en relación a la protección de los datos.
Ahora, según ha publicado El País, el Síndic de Greuges ha empezado a investigar esta polémica iniciativa del Departamento de Salud, aprobada por el Gobierno catalán el 28 de julio. A pesar de que el Síndic no espera poder pronunciarse hasta abril o mayo, según fuentes de esa institución citadas por La Vanguardia, ya ha empezado a reunir información.
VISC , según el relato oficial del Gobierno catalán, se fundamenta en la convocatoria de un concurso mediante el cual una empresa privada adquiere información anónima y segura del sistema sanitario que empleará, supuestamente, en la búsqueda y la innovación del sector. A pesar de que este proyecto ha recibido el apoyo de algunas instituciones del ámbito médico, también ha recibido la oposición de otras. Según la información de El País, el Observatorio de Bioética de la Universitat de Barcelona prepara un informe sobre los riesgos de ceder los datos que la Generalitat quiere sacar a concurso.
