La necesidad imperiosa de alojar a las familias que se quedan sin techo en Cataluña está afectando no sólo el derecho a la vivienda, sino también otros derechos fundamentales como el derecho a la salud de todos los miembros que integran el hogar, menores de edad incluidos, según revela la parte del informe ‘Emergencia habitacional. Impactos en el derecho a la salud y en los derechos de los niños de la crisis hipotecaria’ que este martes han avanzado la PAH y el Observatorio DESC y que presentarán íntegramente en febrero.
El estudio, elaborado con la colaboración del proyecto europeo SOPHIE y el grupo de búsqueda EMIGRA, analiza, a partir de 1.200 encuestas realizadas entre octubre y noviembre pasado, la problemática que sufren en Cataluña las personas que han contactado con la PAH porque no pueden hacer frente a la hipoteca.
El perfil de los encuestados responde mayoritariamente (80%) a personas nacidas en el estado español, la mitad tienen menores a cargo, un 23% está desocupado y sin prestación… y a pesar de las dificultades económicas sólo un 26% de las familias con menores ha recibido atención por parte de servicios sociales.
Según declaran los adultos responsables, un 16% de los niños y un 13% de las niñas sufren mala salud, mientras que, según datos de Cataluña de la Encuesta Nacional de Salud de España 2011-2012, estos porcentajes son del 7 y el 6% para el resto de población infantil.
La parte del ‘estudio que se ha hecho pública este martes también revela que las personas afectadas se concentran en Catalunya Caixa (18%), BBVA (15%), Caixa Bank (14%) y Bankia (12%). Precisamente, dos de las entidades rescatadas con millones a fondo perdido provenientes del erario público se encuentran entre las que más ejecuciones hipotecarias impulsan.
