Ni España se ha roto ni la convivencia en Catalunya parece arruinada. En cambio, la celebración de la consulta del 9N está abriendo grietas en las filas del Ministerio Público.
La presentación de una querella contra Artur Mas y Joana Ortega, ordenada por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha sido rechazada por la Fiscalía Superior de Catalunya, que considera que no es procedente.
La reacción de Torres-Dulce para recuperar las riendas de la situación ha consistido en convocar una Junta de Fiscales de Sala, que se celebrará este miércoles, y en asegurar que presentarán, al margen de los fiscales catalanes, una querella ‘en solitario’ esta misma semana.
En el supuesto más probable, la Junta apoyará a Torres-Dulce, pero aún así, queda tocado por el ‘desmarque catalán’ (desde el Gobierno le critican) y Mas, reforzado. La decisión de los fiscales catalanes se basa en que ya hay varios procedimientos en los juzgados sobre la consulta y en una falta de prohibición expresa por parte del Tribunal Constitucional del 9N alternativo que les lleva a cuestionar la base jurídica de una acusación por desobediencia.
Los fiscales catalanes, encabezados por el fiscal superior José María Romero de Tejada, han rechazado actuar bajo el criterio politizado de Torres-Dulce. Pero además de eso, existen dudas técnicas sobre la formulación definitiva de la querella en relación a la cantidad de delitos a atribuir -prevaricación y usurpación, añadidos a desobediencia- y de imputados -no sólo Mas y Ortega, sino también Ramon Espadaler e Irene Rigau-.
No es la primera vez que el 9N sacude al Ministerio Fiscal. Martín Rodríguez Sol, anterior fiscal superior catalán, consideró legítimo el «derecho a decidir» hace un año y medio, y tuvo que abandonar. Según Torres-Dulce, a quien se apunta como artífice del relevo, las declaraciones no fueron el motivo, sino un «desajuste en el ejercicio» de sus funciones. Funciones que ejerce, desde julio de 2013, Romero de Tejada, al frente de la discrepante Fiscalía Superior de Catalunya.
