Jorge Sanz, director general de Política Energética del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y tres abogados del Estado fueron citados por la Fiscalía Anticorrupción para aclarar si el Gobierno socialista perdonó entre 2.500 y 3.500 millones de euros de deuda a las compañías eléctricas entre 2007 y 2008, ha publicado El País.
El meollo de la cuestión es determinar el motivo por el cual no se exigieron devoluciones, correspondientes a costes de transición de competencia, a pesar de que un informe de la Abogacía del Estado las había avalado en 2008 y de que había alertado del «enriquecimiento injusto». El responsable en aquel momento era el flamante ministro de Industria, Miguel Sebastián, que en aquellas fechas también encendió la luz verde al Castor.
Los cuatro declararon como testigos hace un mes en el marco de unas indagaciones iniciadas a partir de una denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, presentada en junio de 2013. Según aquella denuncia por malversación, los consumidores pagaron unos 3.400 millones adicionales durante tres años por culpa de un cálculo favorable a los intereses de las eléctricas.
La Comisión Nacional de la Energía calcula que Endesa se embolsó 1.562 millones; Iberdrola, 1,159 millones; Viesgo, 432 millones; Fenosa, 276 millones, e Hidrocantábrico, 155 millones.
