El 9-N abre muchos interrogantes. El más importante es saber si, después del éxito relativo de la convocatoria del «proceso participativo», el presidente Artur Mas hará caso de lo que le pide con insistencia Oriol Junqueras y convocará, a corto plazo, elecciones al Parlamento de Catalunya.
Pero otro interrogante, y no menor, es la continuidad de la «vieja» coalición electoral entre Convergència y Unió, que se forjó en 1979. En las últimas horas, el líder de CDC y presidente de la Generalitat ha revelado que su voto había sido «sí-sí», en clave independentista. En cambio, el presidente de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran Lleida, ha manifestado que había votado «sí-no» y ha reiterado que no era partidario de la secesión de Catalunya.
Esta contradicción entre los dos máximos dirigentes de CiU en una cuestión tan capital como la independencia hace prever que la federación está condenada, tarde o temprano, a la ruptura. En todo caso, antes de las próximas elecciones, ya sean al Parlament o las municipales. Lo más grave es que en CDC hay muchos dirigentes y militantes que no son independentistas, mientras que en Unió hay un activo sector soberanista que disiente de la línea pactista de Josep Antoni Duran Lleida, empezando por la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.
El estropicio en CiU puede ser de los que hacen historia, con un precipitado trasvase de militantes. Y, en el trasfondo, Esquerra Republicana también espera sacar tajada de esta diáspora anunciada.
