El Parlamento Ciudadano, reunido en Barcelona, ha aprobado la Renta Garantizada Ciudadana, que más de 120.000 catalanes han avalado con su firma y que espera que el Parlamento de Catalunya encuentre el momento adecuado para discutir. En ese acto intervino el profesor de Economía de la Universitat de Barcelona Ramon Franquesa, que explicó las razones por las cuales la financiación de esta Renta de Ciudadanía no es imposible, como sostienen los que se oponen.
¿Es posible que todos los ciudadanos de Catalunya tengan derecho a una prestación económica de 664 euros al mes?
Es posible. Perfectamente posible. Y no sólo posible sino necesario porque los costes de abandonar una parte tan importante de nuestros ciudadanos acabarán siendo mucho más altos que el esfuerzo que ahora puede suponer la protección de los más débiles.
¿Se ha calculado cuánto dinero tendría que poner el Gobierno catalán para hacer frente a esta Renta? ¿O depende de cada ejercicio presupuestario? ¿Del número de parados, de los sueldos que gana la gente,…?
Una de las cosas que observamos es que en el primer estudio que hicimos ahora hace dos años del coste de esta Renta Garantizada de Ciudadanía estimábamos una cantidad de la en torno a 2.000 millones de euros. Ahora, pasaría de los 3.000 millones. ¿Por qué? Porque contra el discurso oficial de la recuperación económica que hace el Gobierno nos encontramos que, a pesar de que el paro está bajando (en parte porque muchas personas han salido del país y no se registran), hay el doble de personas sin ningún tipo de prestación. Son personas que llevan mucho tiempo en paro, han perdido las posibles compensaciones que tenían y ahora nos encontramos con un cuarto de millón largo de personas en Catalunya que no tienen ningún ingreso.
¿De dónde podrían salir el dinero para pagar esta Renta Garantizada Ciudadana?
Pueden salir de un cambio de prioridades. 3.000 millones es una cantidad importante. Recordemos que Catalunya Caixa fue rescatada con 12.000 millones, cuatro veces más. Aquello benefició a muy poca gente y la Renta Garantizada permitiría vivir con dignidad a un millón de personas, casi. Una primera vía es recuperar los impuestos que la Generalitat ha ido perdonando a las grandes fortunas del país: impuesto de patrimonio, de sucesiones… Se ha hecho mucha demagogia sobre esta cuestión para asustar a la gente. El problema no es el impuesto de sucesiones en las viviendas familiares sino el que afecta las grandes fortunas, los grandes propietarios inmobiliarios que tienen muchísimas casas o grandes extensiones de terreno. Ese es un patrimonio que no se puede esconder, no te lo puedes llevar a Luxemburgo o a otro paraíso fiscal. Cuando tienes un objeto claramente gravable y un Gobierno perdona estos impuestos a la gente más rica, en un momento de crisis social profunda como el actual, evidentemente se pierden recursos y posibilidades de poder atender las necesidades de las personas que están en condiciones peores.
Una segunda vía es que la aplicación de la Ley llevaría a reducir los gastos de la Generalitat para atender los efectos de la pobreza, que son muy extensos y van desde los comedores escolares a los costes sanitarios, suicidios, el pago de las deudas por suministros energéticos, de agua… Hay un enorme gasto paliativo que no haría falta abordar si se diera una respuesta con ingresos suficientes a la gente.
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