Para celebrar la consulta del 9N, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya necesita un censo electoral. Según publica este martes El Confidencial, un informe de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD) evitó que los datos sanitarios de los ciudadanos catalanes sirvieran para elaborarlo.
La ley impide emplear el censo electoral oficial en la consulta soberanista, por lo cual el Gobierno catalán, según la misma información, quería conseguir la cesión de los datos del Servicio Catalán de la Salud (que se encuentran en el Registro Central de Personas Aseguradas) al Departamento de la Presidencia de la Generalitat.
La maniobra consistía en insertar la cesión del censo en el anteproyecto de Ley de medidas fiscales y financieras del 2013. La propuesta gubernamental expresaba la necesidad de obtener datos de carácter personal incluidas en la tarjeta sanitaria para emplearlas en la relación entre el ciudadano y las administraciones públicas catalanas.
El informe del ACPD señala que la Generalitat quería crear «un nuevo fichero» y apunta que sus intenciones no eran exactamente las expresadas por escrito: quería la dirección postal (incluida en la tarjeta) y no la electrónica (no siempre incluida), que sería la adecuada por el fomento de la Administración electrónica aducido.
Protección de Datos no consideró pertinente ni necesario que obtuviera los datos del Registro Central de Personas Aseguradas, más allá de datos básicos de contacto, para «fomentar la participación ciudadana», que era la finalidad expresada por la Generalitat. Asimismo, los «usos ciudadanos» y la «participación ciudadana» son expresiones demasiado genéricas, de acuerdo con la ACPD, que también apunta que la finalidad inicial del tratamiento de los datos de personas aseguradas es muy diferente del objetivo de impulsar la participación.
