La empresa que gestiona Vacamorta está vinculada a Gustavo Buesa Ibáñez y a su grupo GBI Servicios, los cuales aparecen en dos sumarios judiciales: el caso Clotilde, sobre las supuestas martingalas del diputado y ex alcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo, y al presunto caso de blanqueo de capitales por el cual el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, imputa a Jordi Pujol Ferrusola y a su ex esposa, Mercè Gironès.
Hace unas semanas, el Tribunal Supremo ordenó clausurar el vertedero de Vacamorta, en el Baix Empordà, y restaurarlo con la intención de devolverlo a su estado original antes de que, en 1999, empezara su construcción. Sin embargo, la Generalitat promueve una recalificación de los terrenos en un intento desesperado de legalizar el vertedero.
A finales de los noventa, el entonces alcalde de Cruïlles, Antoni Mallorquín (CiU), concedió una licencia de actividad de las instalaciones con el visto bueno del departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, cuando Felip Puig era su consejero.
La empresa que lleva la gestión del vertedero de Vacamorta, GBI Servicios, del empresario Gustavo Buesa, está investigada por los contratos con el Ayuntamiento de Lloret de Mar -se le adjudicó en 2011, por vía de urgencia, el servicio de recogida de basura por 80 millones de euros- y por los pagos que efectuó a empresas de la órbita de Jordi Pujol Ferrusola y de su ex esposa, Mercè Gironès.
