La sede central de CDC en la calle Còrsega, embargada por el juez del caso Millet. El secretario general del partido, Oriol Pujol, ha tenido que dimitir temporalmente de sus funciones mientras se instruye el caso de las ITV, en el que está imputado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Artur Mas tiene sobre su cabeza la espada de Damocles que supone el depósito bancario localizado en Liechtenstein a nombre de su padre, pero en el cual aparece el actual presidente de la Generalitat como beneficiario. Y, como guinda, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha iniciado una investigación en profundidad sobre el entramado societario y los movimientos de dinero al extranjero de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del ex presidente catalán, a raíz de las declaraciones hechas por su ex amante, Victoria Álvarez.
Desde el punto de vista del núcleo duro de CDC y, en especial, de la familia Pujol, la situación judicial es desesperada y no puede hacer más que empeorar. Hay que tener muy presente esta percepción para entender, asimismo, la repentina conversión al independentismo del patriarca Jordi Pujol. La ruptura institucional a todos los niveles que implicaría la independencia de Cataluña es el último recurso que le queda al ex presidente de la Generalitat y a su círculo de confianza para tratar de convencer al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y al rey Juan Carlos I que les conviene aflojar la cada vez más insoportable presión judicial que atenaza a la familia Pujol y que esto sería «lo mejor para todos».
La bomba de relojería
Pero la justicia tiene su propia dinámica. Después de todo el lío provocado por el escándalo de Fèlix Millet y Jordi Montull y de las evidencias indudables que implican al ex tesorero de CDC y mano derecha de Artur Mas, Daniel Osàcar, en el cobro de las comisiones de Ferrovial resultaría inverosímil y contraproducente que los jueces recibieran instrucciones «desde arriba» para cerrar los ojos y exonerar al partido pujolista de toda responsabilidad en el expolio del Palau de la Música. Algo pareciendo pasa con Oriol Pujol y su mujer, Anna Vidal, metidos hasta el cuello en la trama de las ITV, montada con los empresarios Ricard Puignou y Sergi Alsina. Su desimputación no sólo sería un escándalo judicial y político: es, objetivamente, una quimera.
Con todo, la gran bomba de relojería que más asusta al ex presidente Jordi Pujol es el sumario que está instruyendo el magistrado Pablo Ruz sobre las actividades económicas de su hijo primogénito. Jordi Pujol Ferrusola no tenía oficio ni beneficio, pero «todo Barcelona» sabía que, mientras su padre era presidente de la Generalitat, cobraba ingentes comisiones a muchas empresas que obtenían contratos del gobierno catalán. Un informe de la Agencia Tributaria detalla que, entre los años 2004 y 2012, las sociedades de Jordi Pujol Jr. movieron 32,4 millones de euros en 118 operaciones con bancos ubicados en el extranjero. De momento, Pablo Ruz ya ha imputado su ex mujer, Mercè Gironès, por blanqueo de dinero.
El juez ordena ir a fondo
El hilo conductor de esta investigación ha sido Victoria Álvarez, que empezó a cantar cuando fue agredida y abandonada por Jordi Pujol Jr. La famosa comida de La Camarga con Alicia Sánchez-Camacho forma parte de esta vendetta sentimental que amenaza con hundir el prestigio y el buen nombre de toda la familia Pujol, con el ex presidente al frente. De entrada, Pablo Ruz no apreció indicios sólidos de delito en las declaraciones de Victoria Álvarez, pero cuando recibió el primer informe de la Agencia Tributaria sobre Jordi Pujol Jr. cambió de opinión y ha decidido atacar a fondo.
El pasado 18 de febrero, el magistrado de la Audiencia Nacional ordenó una serie de diligencias que suponen, de hecho, el inicio del calvario para Jordi Pujol Ferrusola y sus padres. Ha reclamado a Mediolanum (Fibanc), Banco Santander, BBVA, Banque Edmond de Rotschild y Crédit Suisse toda la documentación sobre las cuentas del primogénito y de sus sociedades (Iniciativas, Marketing e Inversiones SANO, InterRosario Puerto Services SL, Project Marketing Cat SL, Activo Translation SL e Iberoamericana de Business and Marketing SL). Además, ha ordenado que se siga el rastro de las transferencias documentadas que se han hecho a Suiza, Andorra, Londres, islas del Canal, islas Caimán, Luxemburgo, Liechtenstein, Gabón, Croacia, Estados Unidos, Francia, Argentina y Uruguay.
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