María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP y presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tiene dos graves problemas: uno es Luis Bárcenas, el ex tesorero del partido, que la acusa de cobrar en dinero negro 25.000 euros en 2009 y 20.000 euros en 2010 (lo sabe porque él se los dio en mano); y el otro es su marido, el empresario Ignacio (Nacho) López del Hierro, envuelto en mil y un negocios poco claros.
Cuando Luis Bárcenas declaró al juez Pablo Ruz que había pagado en negro a María Dolores de Cospedal y que, además, ella estaba involucrada en el cobro de una comisión de 200.000 euros cash de la empresa adjudicataria de la recogida de basura en Toledo, la secretaria general del PP reaccionó interponiéndole una demanda judicial por haber atentado contra su «honor».
El ex tesorero del partido aseguró que, en las mismas fechas, había pagado la misma cantidad en negro al actual presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pero el político gallego decidió hacerse… el sueco. El pasado mes de enero, el juez absolvió a Luis Bárcenas de la demanda presentada por María Dolores de Cospedal.
Pero esta no es la única acción judicial que ha emprendido en los últimos meses. También ha presentado una demanda en defensa de su «honor» contra la organización ecologista Greenpeace, a quien reclama una compensación económica de 30.000 euros. En ese caso quién está implicado es su marido, Ignacio López del Hierro, pero los gastos de este proceso judicial los ha asumido el gobierno autonómico de Castilla-La Mancha.
La nueva ley de costas
El año pasado, el Congreso y el Senado aprobaron definitivamente una modificación de la Ley de Costas, que ahora ha pasado a denominarse Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Se trata de un proyecto impulsado por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, Miguel Arias Cañete, que ha recibido durísimas críticas de las organizaciones ecologistas y de entidades científicas preocupadas por el ecosistema mediterráneo, agrupadas en la plataforma «No a nuestra costa», en la cual participan Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/Birdlife, GOB, WWF….
Bajo el rimbombante nombre de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, el gobierno del PP da, en realidad, carta blanca a los municipios para que regularicen las 140.000 construcciones ilegales que hay en el litoral, se recalifiquen zonas de dominio público, se amplíen las concesiones de restaurantes y chiringuitos que invaden las playas y, en definitiva, se dé un nuevo impulso a la explotación urbanística de las costas.
En plena tramitación de este proyecto de ley, la organización Greenpeace presentó un documento, titulado «Amnistía a la destrucción», donde explicaba los intereses económicos vinculados al PP que resultan beneficiados con la modificación de la anterior Ley de Costas, que databa de 1998.
Uno de los grupos inmobiliarios más activos en la zona del litoral español es el que lidera el empresario andaluz Joaquín Rivero, íntimo amigo del ministro Miguel Arias Cañete y del marido de la secretaria general del PP, Ignacio López del Hierro. Joaquín Rivero fue el presidente de la inmobiliaria Metrovacesa y, después de la «batalla campal» con la familia Sanahuja por el control de esta compañía, se quedó con los activos de las filiales Gecina y Bami Newco.
El proyecto Puerto Sherry
Pues bien, Ignacio López del Hierro fue, desde 2003, consejero de Metrovacesa y, con posterioridad, de Gecina y Bami Newco, siempre de la mano de su buen amigo Joaquín Rivero, hasta el año 2012, en que, en plena polémica por sus líos empresariales y políticos, decidió dimitir de los cargos. A su vez, Miguel Arias Cañete fue vicepresidente de Bami Newco hasta que fue nombrado ministro por Mariano Rajoy.
En su informe, Greenpeace denunciaba que el grupo promotor que encabeza Joaquín Rivero ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de ampliación de la urbanización Puerto Sherry, en el municipio gaditano del Puerto de Santa María, que prevé la construcción de 947 viviendas residenciales, centros comerciales, zonas de ocio…
Según la organización ecologista, la modificación de la Ley de Costas impulsada por Miguel Arias Cañete favorece este polémico proyecto inmobiliario, en el cual, a través de Bami Newco, tienen intereses indirectos el propio ministro y el marido de la secretaria general del PP.
Estos datos, que son fácilmente constatables consultando el Registro Mercantil, constituyen, al parecer de María Dolores de Cospedal, un atentado contra su «honor» y es por eso que ha presentado la demanda judicial contra Greenpeace.
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