Si Ferdinand de Lesseps fracasó en las obras del canal de Panamá hace más de un siglo, ahora lo acaba de hacer la constructora española Sacyr, que amenaza a las autoridades de ese país con suspender los trabajos si no les pagan los sobrecostes. Este conflicto ha puesto al descubierto la actuación de los directivos de Sacyr y sus peligrosas relaciones políticas.
Como felicitación de año nuevo, el consorcio que construye la ampliación del canal de Panamá, liderado por la empresa española Sacyr Vallehermoso, advertía a las autoridades panameñas que si no pagaban 1.600 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) en concepto de sobrecostes paralizarían las obras este 20 de enero.
Esta amenaza ha desatado un terremoto político y económico que, al final, se ha vuelto en contra de la constructora española: sus acciones han caído en la bolsa y se ha extendido la alarma sobre su solvencia en otros países latinoamericanos, especialmente en Chile y Colombia, donde ejecuta proyectos y aspira a millonarias adjudicaciones.
El diario El Tiempo, de Bogotá, recuerda que Sacyr ya se retiró de dos grandes obras públicas adjudicadas por el Gobierno colombiano: en 1997, de la construcción de un tramo viario en el centro del país, que motivó un largo pleito judicial que acabó en 2007 con el pago de una sanción por incumplimiento; y de la rehabilitación de una línea férrea al área del Pacífico, adjudicada en 1998. Sacyr no volvió a Colombia hasta el 2012, cuando en compañía de otras dos corporaciones le encomendaron la construcción de un tramo del eje viario que comunica con la ciudad portuaria de Buenaventura.
En estos momentos, Sacyr forma parte de uniones de empresas que han sido seleccionadas para concursar en la licitación de ocho futuros tramos de autopistas de Colombia, motivo por el cual, a raíz del conflicto por la ampliación del canal del país vecino, también surgen dudas sobre la solvencia de la constructora española. Colombia ha puesto en marcha uno de los programas viarios más importantes del mundo, con obras por valor de 18.000 millones de euros, por las cuales también competirán ACS, Ferrovial, Acciona, OHL y Azvi, así como las catalanas Copisa y Rubau.
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