La batalla de ‘La Mañana’

Una empresa de Zaragoza ofrece nueve millones para quedarse con este diario leridano, actualmente en proceso de subasta judicial
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Es la pregunta que se hace todos en Lleida: ¿Quién se esconde detrás de la empresa zaragozana Publigestión de Empresas 2007 SL, de su administrador Alejandro Galindo y de su representante legal, el abogado Luis Antonio Marín? Y es que el tándem Galindo & Marín ha presentado, en el último momento, una oferta desconcertante y temeraria para hacerse con la cabecera y las instalaciones del diario La Mañana, que actualmente se encuentra en concurso de liquidación y en proceso de subasta.

 

¿Por qué una empresa de Zaragoza, que dispone de un capital de sólo 3.000 euros, ofrece hacerse cargo de todo el pasivo acumulado por la empresa editora de La Mañana, cifrado en unos 9 millones de euros, cuando podría obtener la propiedad del diario, actualmente en trámite de subasta por el juzgado mercantil de Lleida, por una cantidad mucho menor? De momento, nadie tiene una respuesta cabal a este enigma.

 

Alejandro Galindo, el administrador de Publigestión de Empresas SL, tiene la apariencia de ser un mero hombre de paja. En el registro mercantil aparece como administrador de otra sociedad, Gamalín Distribuciones Siglo XXI, y con anterioridad también lo fue de la empresa de transportes Transmamblas SL, que presentó concurso de acreedores el 2008 y fue liquidada dos años más tarde.

 

Condenado por estafa

Más inquietante es la figura del abogado que ha concurrido a la subasta en nombre de la sociedad zaragozana, Luis Antonio Marín. Su nombre aparece en el llamado caso Cointo, una sonada estafa que fue motivo de gran seguimiento por parte de la empresa aragonesa.

 

Un grupo capitaneado por el empresario Tomás Nasarre y del que formaba parte este abogado, se quedó en 2003 con la firma Cointo, un reputado establecimiento comercial de Zaragoza –que pasaba por dificultades financieras–, y aprovechó esta plataforma para montar el conocido timo del nazareno: compraron grandes partidas de azúcar, aceite, jamones, embutidos… que luego revendían fuera del circuito comercial con importantes descuentos, pero al contado. En total, la estafa a los proveedores fue cuantificada en 1,7 millones.


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